España

Registran el Ayuntamiento de Cartagena por el caso de la desaladora de Escombreras

Buscan la documentación relacionada con la tramitación del proyecto de la desaladora ya que el consistorio tramitó en su día las autorizaciones necesarias para su construcción en el municipio.

Fachada del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)
Fachada del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) http://www.cartagena.es/

Agentes de la Guardia Civil han registrado durante tres horas la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena para solicitar información sobre el proyecto de la desaladora de Escombreras.

La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS y el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones por el alquiler

Buscaban documentación relacionada con la tramitación administrativa del proyecto de la desaladora, dado que el consistorio tuvo que tramitar en su día las autorizaciones necesarias para su construcción en el municipio, además de la licencia de actividad, los permisos para las conducciones e instalaciones en general de esta infraestructura. Los agentes han acudido a la sede de la calle San Miguel de Cartagena donde se encuentra el edificio administrativo del Ayuntamiento que alberga las diferentes concejalías, en concreto, la de Urbanismo, cuyas competencias son del actual alcalde, José López.

"Ya están tardando en entrar en el Ayuntamiento"

Precisamente el martes López, al ser preguntado por la operación policial que se llevó a cabo en la planta desaladora, contestó que "ya están tardando en entrar en el Ayuntamiento", augurando que el dispositivo policial iba a entrar tarde o temprano al consistorio dado que desde estas instancias se había autorizado la construcción. Así, ha dicho que tras el registro en Escombreras no le extraña que los agentes hayan entrado en el ayuntamiento, y ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia.

Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional de Murcia registraron las instalaciones de la desaladora bajo orden del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, cuya titular es María del Mar Azuar, que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.

La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones.


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