Desafío soberanista

La Generalitat elaboró un censo de población mediante un registro de vehículos

El plan aparece en uno de los correos incautados por la Guardia Civil al exsecretario de la Administración Tributaria catalana Lluís Salvadó

Josep Maria Jové y Lluís Salvadó
Josep Maria Jové y Lluís Salvadó Andreu Dalmau

El Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont elaboró un censo a partir de la creación de un registro de vehículos. Así lo recoge la Guardia Civil en las conclusiones del informe en el que analiza los 53 mails considerados de interés, seleccionados entre 20.515 correos electrónicos incautados al que fuera secretario de la Administración Tributaria catalana Lluís Salvadó.

“Se constata que por la Generalitat se está llevando a cabo presuntamente un censo de población, basado en la creación de un censo de vehículos”, dice el documento del Instituto Armado al que ha tenido acceso Vozpópuli. De este modo, los investigadores arrojan un posible foco de luz a una de las incógnitas de la investigación sobre la organización del 1-O.

En concreto la Guardia Civil incluye este hallazgo en el apartado de los correos relativos a la "asunción de nuevos impuestos" por la pretendida Hacienda catalana de la República independiente. Tal y como publicaron varios medios de comunicación la semana pasada, de esos correos se deducía que el Gobierno de Puigdemont tenía previsto robarle  los impuestos que son competencia exclusiva del ministro Montoro tras el 1-O.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la celebración del referéndum ilegal, levantó el secreto de las actuaciones en lo que atañe a la investigación del censo. Aunque en alguna de sus conclusiones los investigadores apuntan a una posible apropiación de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los informes policiales también reconocen carecer de indicios suficientes sobre los datos de población usados para el 1-O a la espera de realizar un registro en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).

"Con los datos y la información disponible hasta el momento, no se puede probar en qué grado se han utilizado o no las aplicaciones desarrolladas desde DxC -una de las empresas investigadas- para la Administración pública catalana, principalmente como logística necesaria para el proceso de organización y votación del referéndum", dice un informe de la Policía Nacional firmado el 3 de noviembre.  



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