España

Una comisión intentará salvar las obras de la ‘Operación Canalejas’ tras meses de retraso

Se va a replantear la volumetría, especialmente las cristaleras que se veían detrás de las actuales fachadas, antes de dar la licencia definitiva.

Obras en el complejo Canalejas.
Obras en el complejo Canalejas. VP

En OHL, la constructora de Juan Miguel Villar Mir, están más que preocupados por la deriva de las obras de la llamada ‘Operación Canalejas’, que lleva acumulados muchos meses de retraso. El Ayuntamiento, en tiempos de Ana Botella, paralizó una parte de las actuaciones sobre uno de los edificios por haber derribado algunos de los espacios protegidos sin pedir permiso. 

El grupo de Villar Mir compró la manzana al Banco de Santander por un total de 215 millones de euros, tras algunos proyectos fallidos, en esa misma manzana. Posteriormente anunció una inversión de 285 millones de euros para construir un hotel de cinco estrellas y zonas comerciales, así como un aparcamiento subterráneo. 

Alguien en la empresa pensó que tener el apoyo político de las dos administraciones para hacer la obra les autorizaba a entrar con la piqueta sin mirar lo que tiraban

Alguien en la empresa pensó que tener el apoyo político de las dos administraciones para hacer la obra les autorizaba a entrar con la piqueta sin mirar lo que tiraban. Pero los funcionarios también existen y unos técnicos del Ayuntamiento de Madrid descubrieron algunas actuaciones para las que no tenían autorización. “Se pasaron en algunas cosas para las que carecían de licencia”, dijo a este periódico una persona que conoce el trabajo de los empleados públicos. 

No tienen aún la licencia definitiva, por lo que deben negociar con el Ayuntamiento de Manuela Carmena para seguir las obras. Al tener el edificio zonas protegidas culturalmente (BIC), deben también negociar con la Comunidad de Madrid. 

La empresa de Villar Mir pensó también que el hecho de que en la presentación estuviera el decano del Colegio de Arquitectos le iba a blindar frente a los profesionales críticos. Se equivocaron. Hubo arquitectos que firmaron un manifiesto y organizaciones culturales que denunciaron la actuación que pretendía OHL de derribar algunos elementos protegidos. 

Antes de que empezaran las obras se redujo la protección al edificio, con una Ley hecha a la medida, lo que fue considerado un escándalo para todos los críticos e incluso para algunos partidos, entonces más preocupados de la batalla electoral. 

La situación actual es de semiparalización de las obras que acumulan ya mucho retraso. En septiembre va a comenzar a funcionar una comisión en la que estarán la empresa promotora con el Ayuntamiento, de Manuela Carmena, y la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes. Esta comisión redefinirá el proyecto, pues se considera que el actual “no es viable” para las dos administraciones y así parece que lo ha asumido la compañía. 

La comisión, que empezará a funcionar en septiembre, redefinirá el proyecto buscando el consenso entre las instituciones y la empresa promotora

Se va a revisar la volumetría de la parte que se quería levantar por encima de las fachadas actuales y el impacto visual buscando el consenso entre las instituciones y la empresa promotora. Se suavizará para que no se vean desde la calle los cubos de cristal que aparecían en el proyecto inicial. 

El Ayuntamiento de Madrid también se estaría replanteando el intercambiador subterráneo que quería construir  bajo la calle, pues en realidad no hay espacio para que quepa todo el transporte y se iba a convertir en un principio y fin de parada de autobuses. 

En OHL son conscientes de lo mal que han vendido el proyecto e incluso se plantean poner una oficina, como se ha hecho en otras obras públicas en Madrid, para explicar al ciudadano lo que se va a hacer. La compañía también sabe que tendrá que hacer frente a alguna sanción administrativa y esperan que no se concrete en denuncia la investigación que ha iniciado el fiscal de Medio Ambiente.

Personas que han visto cómo estaba el edificio por dentro antes de derribarlo han certificado el mal mantenimiento de las zonas protegidas como Bien de Interés Cultural (BIC) por los anteriores propietarios. Estas mismas personas, que conocen las obras, han dicho a este periódico que la empresa ha guardado en un almacén “con todas las garantías” todos los elementos culturales para recolocarlos, una vez restaurados, cuando termine la obra. 

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