Publicado: 14/11/2017 12:02
El exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP Francisco Granados se enfrenta este martes al primer juicio del caso Púnica que se celebra en la Audiencia Nacional. La Fiscalía solicita 3 años de prisión por el chivatazo de la operación policial que le condujo a prisión, donde ha permanecido dos años y medio de forma preventiva. La sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Concepción Espejel, es la encargada de juzgar a los tres acusados, para quienes la Fiscalía pide tres años de cárcel.
Cinco meses después de abandonar la cárcel, se sientan junto a él en el banquillo de los acusados el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino -quien dio el chivatazo en las fiestas de Valdemoro de 2014- y su amigo José Manuel Caro, otro agente del Instituto Armado en excedencia y que ejerció labores de asesor de la Comunidad de Madrid como cargo de confianza. Se les acusa a ambos de un delito de revelación de secretos.
Talamino advirtió a Granados de que se había instalado una cámara de videovigilancia justo enfrente del edificio de la localidad madrileña de Pinto en el que el presunto 'conseguidor' de la trama Púnica, David Marjaliza, llevaba a cabo sus negocios. Gracias a ello, Granados pudo tomar medidas para proteger su patrimonio obtenido de manera ilícita y ocultar un millón de euros en un altillo del domicilio de sus suegros.
Por su parte, Marjaliza optó por destruir la documentación que le podía incriminar, así como la que demostraba la existencia de fondos en el extranjero. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", confesó el presunto conseguidor de la trama ante el magistrado. Gracias a esa declaración, fue puesto en libertad año y medio antes que Granados..
La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), pide una pena de 6 años de cárcel para Granados. La magistrada Espejel fue apartada del juicio de Gürtel por su presunta afinidad ideológica con el Partido Popular.
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