España La orden de Soraya de no acudir al Parlamento rompe en dos al Gobierno

Varios ministros, entre ellos los de Exteriores, Fomento e Industria, están en desacuerdo con la orden dictada desde Moncloa para evitar que el Gobierno rinda cuentas ante el Parlamento cuando está en funciones. "Una torpeza política de enormes dimensiones", resumen fuentes gubernamentales.

Al mismo tiempo que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se desgañitan para explicar por qué los ministros no están obligados a comparecer en el Parlamento al encontrarse en funciones, todos los grupos de la oposición, sin excepción, transmiten el mensaje de que el Gabinete de Mariano Rajoy se esconde, está paralizado, sin iniciativa y adolece de unidad de acción, algo en lo que, por otra parte, también coinciden importantes empresas del Ibex. El balance político de esta fotografía ha empezado a preocupar a algunos miembros del Gobierno, entre ellos José Manuel García-Margallo, Ana Pastor y José Manuel Soria, convencidos de que la orden dictada desde La Moncloa, atribuida a Sáenz de Santamaría, de evitar el rendimiento de cuentas ante el Congreso mientras el Ejecutivo está en funciones, "es una torpeza política de enormes dimensiones" cuando podemos estar a las puertas de una nueva campaña electoral.

En puertas de una nueva campaña es incomprensible que el Gobierno no dé la cara, admiten en el Ejecutivo

Esta orden ha conseguido dividir en dos al Gabinete, circunstancia delicada donde las haya puesto que los diferentes partidos de la oposición, desde el PSOE a Ciudadanos pasando por Podemos y sus confluencias, tienen registradas en el Congreso más de una veintena de peticiones de comparecencias que afectan, entre otros, a los titulares de Economía, Interior, Fomento, Exteriores, Educación, Empleo y Defensa. Este último, Pedro Morenés, lució este jueves con su ausencia de la comisión donde estaba citado el primer plante oficial de la legislatura, lo que llevó al presidente de la Cámara, Patxi López a explicar a los periodistas que la posibilidad de llevar el conflicto ante el Constitucional debe ser una decisión plenaria que se acuerde por mayoría de los grupos parlamentarios.

Una oportunidad desaprovechada para lucir la gestión

La negativa del Gobierno a comparecer en el Parlamento escudándose en que puede escapar a su control al no haber sido elegido por él, lleva a un alto cargo gubernamental a hacer esta consideración: "La orden de Moncloa demuestra que todo este tiempo no hemos estado dirigidos por políticos, sino por abogados del Estado con la mente circunscrita a la técnica jurídica. Nos guste o no, hay un tránsito desde el pasado 20 de diciembre hasta el 2 de mayo en el que, bien porque se convoquen otras elecciones, bien porque se forme nuevo Gobierno, decaerán todas las iniciativas que ahora se cursan en el Congreso. Por eso no deberíamos temer el pim-pam-pum ni ceder todo el terreno de juego a la oposición, sobre todo cuando estas peticiones de comparecencia dan oportunidad a los ministros de lucirse, hacer política, explicar su gestión y, en suma, dar la cara, demostrando que tienen criterio y no se amparan en meros pretextos reglamentarios para escurrir el bulto".

Otra fuente del Gobierno incide en la misma dirección aunque con otros argumentos. "Habría que distinguir entre el acto administrativo y el acto político. Nadie puede discutir la función de información que incumbe al Parlamento y el derecho de los diputados a recibir esta información. De ahí a decidir que un ministro comparezca hay un paso que es puramente político y que es incomprensible que no se atienda cuando lo normal es que la mayoría de los miembros del Gabinete salgan vencedores. Con la negativa a comparecer, se está dando la imagen de un Gobierno acorralado, a la defensiva y completamente solo, al que parece no importarle nada la cortesía parlamentaria".

En lugar de transmitir iniciativa, el Gobierno parece acorralado, aseguran los críticos con Soraya

El debate alcanzó este jueves tantos decibelios que Ciudadanos, desde su inexperiencia parlamentaria, consideró la posibilidad de utilizar, incluso, la vía penal como contestación al rechazo del Gobierno a cumplir con sus obligaciones. En una dinámica casi infantil, desde Moncloa se respondió que en las 10 legislaturas coronadas desde el arranque de la Transición, ningún Gabinete en funciones se ha visto obligado a dar cuentas al Congreso, como tampoco lo hicieron el año pasado ni Artur Mas en Cataluña ni Susana Díaz en Andalucía cuando pasaron por una situación parecida a la que ahora vive Mariano Rajoy. La necesidad de "proteger" al presidente es, curiosamente, el argumento que se ha utilizado desde Moncloa para justificar la orden atribuida a Sáenz de Santamaría de evitar el desfile de los ministros por la Carrera de San Jerónimo.

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