Publicado: 05/01/2012 15:24
El plan de choque del Gobierno para la rebaja del déficit público se estrenó con la reducción de ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales, continuó con un recorte del gasto de casi 9.000 millones y un aumento previsto de ingresos de 6.200 y va a encontrar una tercera pata en el adelgazamiento de las empresas públicas, agencias, consorcios y fundaciones creadas antes del inicio de la crisis en la atmósfera de barra libre vivida hasta 2007.
En el reciente traspaso de poderes, el PP le pidió al Gobierno cesante la identificación de todas las empresas públicas, la plantilla de sus trabajadores, la masa salarial anual, el importe de los compromisos de financiación asumidos por el Estado a través de convenios y contratos, así como el volumen de contratación pública y endeudamiento comercial. De las 4.000 sociedades públicas existentes, algo menos de 500 son estatales y cerca de 2.500 autonómicas. El resto han sido creadas por las corporaciones locales. A partir de los datos recibidos, se sospecha que ha habido un uso fraudulento del capítulo de activos financieros de los presupuestos estatales para financiar a empresas públicas, pues se ha producido inyección de recursos que no se han contabilizado como transferencias de capital. Los últimos informes de la Intervención General del Estado reflejan irregularidades en el 30% de las sociedades estatales.
Esta superestructura pública arrastra en estos momentos una deuda superior a los 57.000 millones de euros, según los datos actualizados del Banco de España, el equivalente al 5% del PIB, repartida entre las tres administraciones. 32.000 millones lastran las cuentas del Estado, 15.000 las de las comunidades y el resto las de los ayuntamientos, la mayoría de ellos con graves dificultades para refinanciar esta deuda.
En los informes que se manejan en el Gobierno, se propone el despido del 50%, como mínimo, del personal temporal y también la eliminación del 25% de los altos cargos de estas empresas, además de la supresión como tal de un importante número de fundaciones y agencias dependientes del Estado y de las comunidades. Algunas de estas últimas ya están dando los primeros pasos para ello, por lo que es probable que ni siquiera el Gobierno tenga necesidad de llevar el asunto al Consejo de Política Fiscal, ya que 11 de las 17 comunidades están bajo el control del PP.
Estas y otras medidas de ajuste fueron analizadas este miércoles en la Comisión se Secretarios de Estado y Subsecretarios presidida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En sucesivas reuniones, se tiene previsto estudiar también los planes para evitar duplicidades en las tres administraciones. El objetivo, según fuentes gubernamentales, es conseguir una administración menos costosa, más eficiente y también más transparente.
El Gobierno creará centrales de compras, no solo en el ámbito sanitario, para un mejor aprovechamiento de las economías de escala. También promoverá programas para una gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres en las tres administraciones, con la intención de reducir costes.
En paralelo, este plan de adelgazamiento del sector público va encaminado, según las mismas fuentes, a simplificar los procedimientos administrativos de forma que sea más fácil crear empresas a menor coste. El Gobierno opera también con la idea de garantizar la unidad de mercado en todo el territorio nacional, proyecto que será supervisado por una comisión interministerial encargada de la resolución de posibles conflictos.
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