España

El 'fracaso' de la Ley de Costas: "Un millón de ciudadanos seguimos en el limbo"

La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, denuncia que el Estado "no rinde cuentas" sobre un asunto que "afecta de lleno a unos de los principios más importantes de la Unión Europea: la libertad de movimiento de capitales"

El Gobierno dice no encontrar el documento con el que justificó la expropiación de terrenos en las costas de Granada
El Gobierno dice no encontrar el documento con el que justificó la expropiación de terrenos en las costas de Granada Asociación Europea de Perjudicados Por la Ley de Costas

Han pasado ya más de cinco años desde que se aprobara la reforma de la Ley de Costas. Con aquella iniciativa, el Gobierno de Mariano Rajoy apoyó dar una "solución" a "más de 600.000 ciudadanos" cuyas propiedades se encontraban entonces un limbo jurídico. Anteriormente, diferentes modificaciones legislativas y deslindes (decisiones del Estado sobre el límite entre lo público y lo privado) habían acabado dejando muchas propiedades privadas repentinamente fuera de ordenación o en "zona de Servidumbre de Protección", colindante con el dominio público, y por tanto limitadas para futuras construcciones y usos.

El Gobierno del PP destacaba entonces la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada Comunidad Autónoma con litoral, que había dejado en una situación de "limbo jurídico o de alegalidad al 90% de las construcciones y ocupaciones existentes". "Se trata de uno de los problemas más grandes y enquistados de la Administración española", reconocía entonces el Gobierno. 

"Somos al menos un millón de ciudadanos los que seguimos en el limbo de un Estado confiscatorio"

Cinco años después, según denuncia la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, se desconoce qué ha pasado con esos "más de 600.000 ciudadanos" que, según ella, son muchos más.

"Somos al menos un millón de ciudadanos los que seguimos en el limbo de un Estado confiscatorio", dice Del Amo. "He preguntado al Gobierno y a los ayuntamientos, y nadie sabe nada, el Estado no rinde cuentas. Este tema es muy importante ya que estamos hablando de propiedades a las que se les debe hacer un descuento en el impuesto de bienes e inmuebles (IBI). Estamos hablando de pérdidas millonarias para las haciendas locales. Lo lógico es que los deslindes que se hicieron y generaron inseguridad jurídica se hubieran anulado".

La reforma de 2013, según ella, solo ha añadido inseguridad jurídica a unos deslindes que se han hecho y se siguen haciendo arbitrariamente. Y la falta de información contribuye a la "indefensión", asegura Del Amo. Según su versión, la reforma solo facilitó "la mercantilización de la costa, permitiendo con más facilidad eventos previo cobro de canon, pero a los propietarios los siguen dejando en la misma inseguridad jurídica e indefensión".

Litigios

A preguntas de este medio, el actual ministerio de Transición Ecológica respondió en su momento que, de los 10.300 km de bienes de dominio público marítimo terrestre con los que cuenta nuestro litoral, se han deslindado casi 10.000 km, habiendo obtenido casi un 90% de sentencias favorables a la Administración en los recursos contenciosos planteados ante los tribunales".

Sin embargo, Del Amo cuestiona esa cifra citando un informe del Consejo de Estado del año 2014 en el que se afirma que "cabe destacar que el artículo 24 del Reglamento de 1989 previó que se aprobarían instrucciones técnicas, que en buena medida habrían servido para establecer o aquilatar criterios para que la aplicación de los conceptos legales y reglamentarios indeterminados en que se basa la delimitación del dominio público fueran similares en todo el litoral español; pero no consta que, tras veintiséis años, y con múltiples deslindes aprobados, se hayan llegado a aprobar".

"En verdad no hay ni un deslinde aprobado como corresponde; el Consejo de Estado pidió una nueva ley de Costas y el Gobierno de Rajoy pasó del tema; tendrían que haber anulado todos los deslindes", asegura Del Amo. La propia denunciante recuerda cómo el actual ministerio de Transición Ecológica ha llegado a reconocerle no encontrar los papeles que justificaron el deslinde de decenas de propiedades en Granada.

Vozpópuli se ha intentado poner en contacto sobre este asunto con los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica. El primero recomendó a este medio contactarse con el segundo, el cual no ha contestado a preguntas sobre el tema hasta el momento. Este periódico también se ha intentado poner en contacto con distintos ayuntamientos especialmente afectados, según Del Amo, por la Ley de Costas. A día de hoy, ha sido imposible obtener respuesta de ninguno de ellos.

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