El Gobierno quiere que la cúpula fiscal declare sus bienes y patrimonio tras el escándalo Moix

El Gobierno no está dispuesto a tener más sorpresas como la vivida con el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix y su sociedad familiar en el paraíso fiscal de Panamá. Por esta razón, el Ministerio de Justicia que encabeza Rafael Catalá está estudiando reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el objetivo de que los altos cargos de la cúpula fiscal tengan que hacer una declaración de sus bienes y patrimonio antes de que vayan a concurrir a determinados puestos.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Vozpópuli explican que al igual que los diputados y senadores –junto con otros altos cargos de la Administración del Estado- deben presentar en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales una declaración de bienes, los altos miembros de la cúpula fiscal también deberían hacerlo de forma obligatoria.  

El objetivo es muy claro: que no se vuelvan a repetir situaciones como la acontecida con Moix que fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía más sensible de nuestro país sin que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, supiera que tenía, junto a sus hermanos, una sociedad que radicaba en el paraíso fiscal de Panamá.

De ahí, que dentro de la "reforma integral" que prepara el Ejecutivo del PP sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se prevea hacer cambios en esta dirección en aras de obtener una "mayor transparencia" para altos cargos de la Fiscalía. El Ministerio de Justicia sigue decidido a emprender la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante esta legislatura para que la instrucción pase a manos de los fiscales por lo que reforma su estatuto, para dotar de mayor autonomía a los 2500 fiscales que integran el Ministerio Público en España, parece algo a todos ojos imprescindible.

Los fiscales opinan 

Desde la conservadora Asociación de Fiscales se sostiene que, aunque en principio no se tiene nada en contra de que se adopte dicha medida en aras de mayor transparencia, "parece que es una medida que, aunque no parece extraña, es más propia del ámbito de la política que de la justicia". En este sentido, su portavoz, el fiscal Jesús Alonso, en declaraciones a este periódico, advierte de que así se corre el riesgo de "llevar las medidas propias de la política a la justicia enmarcando las mismas en un paso más hacia su politización".

Las asociaciones UPF y APIF aplauden al unísono la medida en aras de una mayor transparencia mientras la AF advierte del riesgo de "politizar" la Justicia

Por otro lado, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su presidente Emilio Fernández valora de forma positiva esta reforma aunque lamenta que se el Ejecutivo valore llevar a cabo la misma tras el escándalo Moix. "Nosotros estamos a favor de todo tipo de transparencia aunque no es bueno hacer dicha reforma a golpe de titular", explica el presidente y portavoz de la citada asociación de fiscales en conversación con este periódico.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, sostiene que cualquier medida que suponga un mayor grado de transparencia es "fundamental". "Me parece que es un avance, ya que si le exigimos a cargos públicos como diputados y senadores que no hay ningún problema en que se exija a determinadas personas que ocupan alto rango en la Fiscalía puesto que también desempeñan una función pública. Es muy razonable", añade este fiscal.