El Gobierno de Cataluña está trabajando para crear una Seguridad Social catalana, que sería totalmente viable por sí misma, según ha explicado en el Parlament el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, ERC apostilló que, de hecho, los pensionistas de ese eventual nuevo Estado cobrarían "un 10% más" que ahora, tal y como informa el periódico 'El Mundo'.

En respuesta a una interpelación presentada por el diputado de ERC Oriol Amorós, Puig ha asegurado que este julio el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) -el comité de expertos que asesora al Gobierno de Cataluña en torno al debate soberanista- presentará un informe que marcará la "hoja de ruta" de la Generalitat al respecto.

Puig ha concretado que en esta primera fase, "el Govern trabaja con identificar un mapa de prestaciones" de carácter social y laboral, que gestionaría un único organismo, ha explicado. También ha dicho que según la estadística oficial, una Seguridad Social catalana sería totalmente viable.

Según ERC, los pensionistas del posible nuevo Estado cobrarían "un 10% más" que ahora

Prueba de ello es que entre 1995 y 2011 y en base a las cuentas de la Seguridad Social, los catalanes generaron un excedente acumulado de 24.100 millones de euros, que se obtiene al restar de las contribuciones que han hecho trabajadores, autónomos y empresarios al sistema y las jubilaciones, prestaciones por paro y otro tipo de prestaciones que se han abonado.

Según Puig, sin la aportación de los catalanes, la Seguridad Social española hubiese tenido en este periodo de 16 años un déficit superior a los 100.000 millones de euros.

Ha recordado que avanzar hacia una Seguridad Social catalana era un objetivo para esta legislatura que se marcó el Gobierno de Cataluña, y que así figuraba en el acuerdo que en diciembre de 2012 hicieron CiU y ERC para garantizar la investidura del presidente catalán, Artur Mas.

En el plan de Gobierno de Cataluña también se incluye este objetivo, y además, se aprobó una resolución al respecto en el Debate de Política General que se hizo en septiembre del pasado año.