El TS desatasca la citación de medio centenar de empresarios por blanquear con la red de Gao Ping

La Operación Emperador salva un nuevo escollo. La reciente decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella presentada por una de las presuntas cabecillas de la trama de blanqueo contra el juez instructor, Fernando Andreu, y los dos fiscales Anticorrupción de la causa elimina el último obstáculo para que el magistrado de la Audiencia Nacional comience a citar como imputados en las próximas semanas a decenas de empresarios y aristócratas que supuestamente utilizaron la red de Gao Ping para evadir dinero o introducirlo en España desde paraísos fiscales sin pagar al fisco. La Fiscalía ya pidió a mediados de febrero la declaración de los trece primeros y tiene previsto, tras la reciente decisión del alto tribunal, solicitar en próximas fechas las de varias decenas más hasta llegar al medio centenar, según confirmaron fuentes jurídicas.

Una de las cabecillas se había querellado contra el magistrado y dos fiscales por un delito contra la libertad individual. El alto tribunal concluye que la actuación de los tres ha sido "razonable"

Todo comenzó a finales del pasado 17 de diciembre. Ese día, Zhu Xiashuang, excarceladas en diciembre por el supuesto error judicial que también dejó en libertad a otra veintena de presuntos dirigentes de la organización, presentó una querella contra el juez Andreu y los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa en la que les acusaba de un delito contra la libertad individual al ordenar su ingreso en prisión cuando ya había expirado supuestamente el plazo legal máximo de 72 horas. Cinco magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidieron el 28 de febrero, aunque el contenido del auto no se ha dado a conocer hasta finales de la semana pasada, inadmitir la misma al considerar que la actuación del magistrado y los dos representantes del Ministerio Público había sido "razonable".

De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional elimina la última traba legal que se interponía en su camino para continuar con la instrucción de una compleja causa que cuenta ya con un centenar de imputados. De hecho, desde el varapalo que supuso que la Audiencia Nacional excarcelara a los dirigentes de la trama, entre ellos Gao Ping y la propia Zhu Xiashuang, el magistrado había caminado "con pies de plomo" en la causa para evitar nuevas querellas que arruinaran la investigación. La decisión del Supremo ha cambiado radicalmente esa situación e, incluso, abierto la posibilidad de que el Ministerio Público solicite de nuevo el ingreso de prisión de los excarcelados.

Los trece primeros

También permitirá al magistrado responder a la petición que a mediados de febrero le hicieron los fiscales del caso para que comience a citar como imputados por blanqueo de dinero y delitos contra la Hacienda pública a los 'clientes' de la trama. En aquel escrito, como adelantó Vozpópuli, se solicitaba la declaración de trece empresarios y aristócratas, entre ellos tres familiares del rey, el exbanquero Enrique Lasarte y el empresario Antonio Banús. No serán los últimos. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, su intención ahora es seguir pidiendo la inculpación de todos aquellos personajes que, según los 'pinchazos' telefónicos y la documentación incautada de la Operación Emperador, tuvieron tratos estrechos con la organización. Según estimaciones de la propia Fiscalía, la cifra final se acercará al medio centenar.

La elección de este primer grupo de imputados no ha sido aleatoria. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, se ha elegido a aquellas personas cuyos nombres ya habían aparecido relacionados con la mafia china en los medios de comunicación en los últimos meses. "Por ellos mismos era necesario aclarar cuál va a ser su situación judicial", destacan fuentes de la Fiscalía. También se ha incluido a aquellas personas que supuestamente habrían defraudado mayores cantidades de dinero y de los que había gran abundancía de pruebas, entre otras, grabaciones de vídeo del momento en el que supuestamente recogían el dinero.

Segundo parón

En realidad, la querella contra Andreu y los fiscales ha sido la segunda traba judicial con la que se ha encontrado la causa para comenzar a citar a los 'clientes' de la trama. De hecho, la intención de la Fiscalía era que empresarios y aristócratas supuestamente implicados acudieran a declarar entre finales de diciembre y principios de enero. Sin embargo, la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a los principales detenidos obligó a la Policía, los fiscales y el juez a trastocar el plan de trabajo. "En un primer momento estaba previsto analizar con detenimiento toda la documentación incautada durante las detenciones que nos pudiera aportar datos sobre nuevos implicados en la trama, entre ellos otros empresarios que no salieron en los pinchazos telefónicos y que, sin embargo, pudieran estar utilizando los servicios de la trama para blanquear", señalan fuentes cercanas a la investigación.

La intención de la Fiscalía es solicitar la imputación de los 'clientes' que lavaron mayor cantidad de dinero y remitir los datos del resto a la Agencia Tributaria

La salida en prisión de los jefes de la trama forzó entonces a los agentes a centrar todos sus esfuerzos en asegurar las pruebas contra éstos. Ahora, sin embargo, el trabajo se ha vuelto a dirigir contra los 'clientes' de la trama cuya cifra final es aún un misterio. Durante las pesquisas, la Policía recabó numerosos indicios sobre 41 de ellos. "La idea es que todos aquellos que utilizaron la red de blanqueo y evasión para conseguir sacar dinero de España o traerlo desde los paraísos fiscales terminen ante la Justicia", recalcan estas mismas fuentes. Unos, los que mayor cantidad de efectivo hayan 'lavado', serán acusados de delitos castigados con penas de cárcel. Otros, los que no superen el mínimo de dinero defraudado para ser considerado infracción penal, verán como la información recabada por la Policía es traslada a la Agencia Tributaria para que les abra el consiguiente procedimiento administrativo.