España

Gallardón se libra de la imputación múltiple que pide Anticorrupción para todo su equipo

Pedro Calvo, Pablo López de las Heras y otros múltiples altos cargos sí están incluidos dentro del escrito de Fiscalía por desviar fondos públicos en la compra de Inassa.

Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo o Pedro Calvo, entre los comparecientes que solicita la comisión Madrid Calle 30
Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo o Pedro Calvo, entre los comparecientes que solicita la comisión Madrid Calle 30

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, que investigue a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.

El Ministerio Fiscal pide la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.

También pide citar como investigados al consejo de administración de la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa y que lo integraban Pedro Calvo, Juan Bravo, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en "aspectos relevantes" de la compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.

Anticorrupción, que apunta que se desviaron fondos públicos con la operativa, destaca en su escrito la "complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al estar en una fase muy incipiente" por lo que en la batería de diligencias que dirige al juez también incluye la petición de documentación a la presidencia de la Comunidad de Madrid sobre el acuerdo de noviembre de 2001 para que la entregue en un plazo no superior a diez días.



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