Publicado: 26/09/2015 04:00
Un año después de que estallara el caso del Pequeño Nicolás, los movimientos económicos del joven van a ser finalmente rastreados. Así lo ha ordenado el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, en una providencia en la que acepta la petición que hace tres meses le habían presentado los policías que investigan a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. En su escrito, el magistrado, que mantiene imputado al joven por usurpación de funciones públicas, estafa y falsedad documental, ordena que se libre un oficio a Caixabank, Banco Santander y Kutxabank para que faciliten todos los detalles de las cinco cuentas que éste ha tenido a su nombre en los últimos años. En concreto, quiere conocer las entradas y salidas de dinero que registraron las mismas desde el 1 de enero de 2013 hasta la actualidad.
La diligencia ordenada el pasado miércoles por el magistrado había sido reclamada por la Policía el 29 de junio pasado. De los cinco depósitos sobre los que se pide información, sólo uno sigue abierto
La providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, tiene fecha del pasado miércoles 23 de septiembre y, en ella, el juez Zamarriego señala que la Policía le solicitó practicar dicha diligencia en un oficio que le remitió el pasado 29 de junio. Tras aceptar ahora su realización, el magistrado ordena que se libre oficio a las tres entidades bancarias para que "a la mayor brevedad posible" entregan a los agentes "el listado detallado de los movimientos de las cuentas" a nombre del Pequeño Nicolás en los últimos 33 meses. En concreto, le pide a Caixabank información sobre tres depósitos, uno de ellos aún operativo, mientras que los dos restantes figuran como "cancelados". Al Santander le reclama datos sobre uno que se abrió el 21 de febrero de 2012 y que fue cerrado el 30 de diciembre de 2014. Finalmente, a Kutxabank le reclama los detalles sobre uno más que fue cerrado el 12 de marzo de este mismo año.
Esta petición de información se suma a otra que el instructor hizo el pasado 18 de septiembre a dos compañías de telefonía, Orange y Telefónicas Móviles, y que era desconocida hasta ahora. Con ella, quiere que ambas empresas faciliten a la Policía información sobre las llamadas "tanto entrantes como salientes" realizadas por dos números de teléfonos en un día concreto: el 10 de octubre de 2014, cuatro días antes de que el Pequeño Nicolás fuera arrestado. Aquel día, según la investigación policial, el joven estuvo reunido en el Hotel Villamagna de Madrid con el empresario Francisco Javier Martínez de La Hidalga y la esposa de éste, Rosana Tarrero Vega, a los que presuntamente intentaba timar. En aquel encuentro, la pareja supuestamente entregó al joven 25.000 euros. Ese mismo día por la tarde, le reclamaron que les devolviera dicho dinero, aunque sólo consiguieron recuperar 10.000 euros.
También a petición de la Policía
El auto dictado por el Juez Zamarriego se centra, exclusivamente, en el tráfico de llamadas de ambos móviles durante esa jornada. El escrito del magistrado detalla que esta diligencia la acuerda también a petición de los agentes encargados de la investigación, que el 20 de julio pasado le remitieron otro oficio solicitándole autorización judicial para reclamar dicha información sobre un día tan concreto. "Se trata de la investigación de delitos graves cuyos autores autores responsables podría[n] resultar usuarios de los terminales cuya información se solicita", justifica el magistrado su decisión en dicho auto.
El juez también reclama la lista de las llamadas registradas en dos teléfonos móviles el 10 de octubre de 2014, cuatro días de la detención el joven
Las nuevas diligencias ordenadas por el instructor se producen justo en unos días en los que Francisco Nicolás Gómez Iglesias vuelve a acaparar la atención de los medios de comunicación. En primer lugar, por el anuncio de que intentará concurrir a las próximas Elecciones Generales como candidato independiente al Senado por Madrid. En segundo, por su comparecencia el pasado lunes en los Juzgados de Plaza Castilla, donde acudió convocado por otro magistrado, en este caso el titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que instruye la querella por injurias presentada contra el joven por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras asegurar aquel que se habían interceptado de manera supuestamente ilegal sus conversaciones telefónicas y responsabilidad de ellos en una entrevista en televisión a los servicios secretos.
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