Publicado: 05/11/2014 04:00
"Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud", dijo Esperanza Aguirre el día que pidió disculpas por las corruptelas que presuntamente había cometido el que fuera su 'número 2' en el partido, Francisco Granados. Lo cierto es que la lideresa fue informada en el año 2008 de lo que ocurría y prometió destituir al hoy preso en dos meses. Aquella destitución nunca llegó.
El entonces director general de operaciones de Dyco-DHO, David Merino, entregó a la Justicia y al círculo de Esperanza Aguirre doce folios manuscritos en los que explicaba cómo Francisco Granados y David Marjaliza cobraban comisiones por adjudicaciones de obras y concesiones de contratos públicos, tal y como ahora ha destapado la Guardia Civil. En la denuncia manuscrita se denunciaba entonces que se estaban recalificando terrenos y "suelos dentro de la línea del Plan General y que beneficiaba y ha beneficiado claramente a estas empresas y, por supuesto, con pactos de comisiones de éstas al Ayuntamiento de Valdemoro, a Francisco Granados". El pago de 'mordidas' se mantuvo en su etapa como alcalde, entre 1999 y 2003, y posteriormente cuando fue designado consejero en la Comunidad de Madrid. Incluso en 2004, cuando Granados ya era secretario general del PP en la Comunidad por designación de la propia Aguirre.
Los folios detallan cómo "el importe pactado de las comisiones siempre lo entregaban a F. Granados, bien J. Jiménez o bien Paco Colado. Nosotros, yo en este caso, por mi cargo era el responsable de buscar tal dinero que normalmente era en el mencionado dinero B". La denuncia identificaba una operación concreta en la que se habían pagado supuestamente 2,5 millones de euros en dos comisiones: una para el alcalde de Valdemoro, que en la fecha de la transacción era Francisco Granados, y de otro municipio que no identificaba entonces pero que más tarde ubicó en Coslada.
El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, entregó en mano a Esperanza Aguirre una copia de aquellos doce folios y advirtió a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid de las actuaciones irregulares adjuntándole una copia de la denuncia de Merino certificada ante notario. La respuesta de Aguirre, aseguran fuentes del círculo de Bernard, fue la de pedir tiempo y prometer que sería cesado en dos meses. Esa destitución no llegó y la presidenta de la Comunidad de Madrid avaló incluso la concesión de algunos de los contratos que ahora pretende revisar la Fiscalía Anticorrupción y en los que la trama podría haber favorecido a familiares de Aguirre. Es el caso de la concesión de contratos de seguridad a la empresa Segur Ibérica en el año 2008, cuando su prima, Marta Gil de Biedma, era secretaria del consejo de la empresa. El contrato, con número de expediente 03-AT-60.3/2007, fue adjudicado el 11 de marzo de 2008 por valor de 2.651.106,65 euros
La destitución de Granados tampoco se produjo pese a que en los documentos se adjuntaba incluso un esquema de cómo funcionaba y cobraba comisiones la sociedad: David Marjaliza, amigo de Granados, recibía dichas 'mordidas' en su nombre a cambio supuestamente de que este recalificara terrenos y amañara concesiones de contratos públicos, detallaba el papel. Ese esquema es exactamente el que ahora ha ratificado tanto la Fiscalía Anticorrupción española como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Denuncia pública y pasividad privada
Un año más tarde, en febrero de 2009, la revista Interviú publicó una entrevista con el empresario en la que desvelaba sus denuncias públicamente. El empresario volvió a hacer públicas las denuncias que antes había puesto por escrito. Esperanza Aguirre tampoco cesó entonces a su 'número 2'.
La denuncia llegó también entonces a la Fiscalía. Manos Limpias elevó al Ministerio Público una denuncia "contra los responsables políticos de diversos Ayuntamientos que han cometido cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en colaboración con los responsables del Grupo Inmobiliario y Constructor Grupo Dico Empresarial, SA". La denuncia reclamaba la adopción de medidas cautelares entre las que estaba la petición de investigar al holding de 60 empresas que operaban en la presunta trama. También citaba como delitos el fraude a la Hacienda Pública, el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación, el delito societario y la apropiación indebida. Es decir, los mismos delitos que siete años más tarde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha reflejado en sus autos de prisión contra Granados y su amigo Majarliza.
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