La embajada de EEUU 'chivó' que Granados y Marjaliza tienen cuentas 'made in USA'

Un escrito de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que pide al juez instructor del ‘Caso Púnica’ que solicite asistencia jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos para saber si trece personas, entre ellas Francisco Granados, David Marjaliza y sus esposas, María Nieves Alarcón y Adela Cubas, disponen de cuentas corrientes o cualquier otro activo financiero en aquel país, desvela que una gestión previa con la embajada norteamericana en Madrid permitió a los investigadores conocer que los dos ‘cerebros’ de la trama “titulan productos” en American Express Centurion Bank, Citibank y Cta South, sin mayor concreción.

Esta confidencia no ha tenido continuidad con información adicional por parte de las autoridades norteamericanas, como queda constancia en la respuesta del Departamento de Justicia norteamericano a la solicitud de asistencia reclamada por el juez instructor. “La solicitud identifica a 13 personas físicas y 3 jurídicas, y en ella se nos solicita que establezcamos si alguno de ellos posee o es titular o beneficiario de ‘cualquier tipo de activos o productos financieros’ y, en tal caso, que bloqueemos o embarguemos el activo o producto –dice la carta remitida al juez Velasco-. Además de ello, la solicitud pide los datos bancarios en los que se identifiquen comunicación (es) sospechosa (s) de nuestra unidad de Información Financiera con respecto a 19 personas”.

El Departamento de Justicia norteamericano dice que la solicitud de embargo o bloqueo solicitadas no están suficientemente justificadas

Las autoridades norteamericanas justifican no poder atender la petición en el hecho de que “en los EE.UU no existe ningún registro central de activos y productos financieros. No existe ninguna forma de obtener la información que se ha solicitado sobre estas 19 personas”. No obstante, Mary D. Rodríguez, directora en funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia advierte de que “aún en el caso de que una o más personas fuera titular o beneficiario de un activo o producto en los EEUU, las afirmaciones contenidas en la solicitud de asistencia son insuficientes para poder iniciar aquí ningún procedimiento de embargo o bloqueo. En este sentido, les indico que el Juzgado Central de Instrucción puede dirigirse a Marc L. Varri, el agregado jurídico del FBI en Madrid. El Sr. Varri, quien conoce el contenido de esta comisión rogatoria, podrá prestar su asistencia a las autoridades españolas con determinados aspectos de la misma”.

La misiva concluye con un alegato a favor de la cooperación mutua, pese a la negativa previa a facilitar la información requerida. "Los EEUU aprecia enormemente la cooperación con España y se compromete a ofrecer a España el mayor grado de cooperación en materia penal. También valoramos la asistencia que España ha prestado a los EEUU en asuntos de justicia criminal a lo largo de los años y espera poder seguir con esta cooperación en el futuro".

Envíos de fondos sospechosos

Las sospechas de los investigadores en torno a Granados y Marjaliza se sustentan en la existencia de envíos de fondos a EEUU por parte de empresas del entorno de ambos, si bien en el informe de la UCO tan solo se consignan compañías del segundo. Así, el Grupo DHO Obras y Construcciones S.A., perteneciente al grupo DICO, empresa de la que se han hallado indicios de pagos de cohechos a autoridades públicas, declara una salida de divisas por importe de 100.000 euros en 2003 en concepto de “inversiones efectuadas por no residentes en bienes inmuebles situados en territorio español”. También han declarado salidas de divisas Inversiones Marjaliza Villaseñor S.L. (Inmarvi), una empresa de inversión que realiza actividades en distintos sectores. En su caso declaró salidas de divisas entre 1999 y 2003. También han colocado divisas en EE.UU Obras y Vías, S.A, Servicios Logísticos Inmobiliarios o Valparaíso técnicas de Promoción y Construcción, todas ellas vinculadas a Marjaliza.

“Del análisis de los datos anteriores –dice el informe de la UCO– se desprende que existen determinadas empresas del entorno empresarial de Marjaliza y Granados, algunas de ellas con una evidente participación en los hechos investigados, que han declarado una serie de envíos de fondos a EE.UU. Gran parte de estas salidas de divisas han sido en concepto de operaciones financieras relacionadas con activos financieros como ‘opciones’, ‘futuros’ o ‘inversiones’. Otras de ellas con conceptos etéreos como “otros servicios” y operaciones relacionadas con ‘objetos de arte o colección’”.

En opinión de los investigadores, este tipo de envíos de fondos a EE.UU “constituye un indicio de la posible posesión por parte de los investigados o las sociedades de su entorno de la posesión de activos financieros en ese país a través de estructuras societarias indeterminadas”.