Granados recalificó 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico al poco de ser nombrado alcalde

Francisco Granados hizo dos cosas nada más ser nombrado alcalde de Valdemoro el 4 de julio de 1999 (fue regidor hasta 2003 y después pasó a ser consejero de la Comunidad de Madrid). La primera fue abrir con su mujer, María Nieves Alarcón Castellanos, una cuenta en el Credit Lyonnais en Suiza, y la segunda modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro (PGOUV) que acababa de aprobar el regidor que le antecedió en el cargo, el socialista José Huete. Éste ya preveía una importante incorporación de nuevo suelo residencial e industrial al desarrollo urbanístico, que a Granados le debió parecer insuficiente.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha incorporado al sumario del “Caso Púnica” un exhaustivo informe en el que relata como para capitalizar dicho planeamiento a favor propio, Granados y su teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Miguel Moreno Torres, acudieron a los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna para hacerles partícipes de sus planes, reservándose para sí determinadas contraprestaciones en forma de comisiones y participaciones societarias en el entramado empresarial beneficiado.

Las recalificaciones generaron una plusvaía de 550 euros por metro cuadrado, hasta un total de 709 millones

El “arrepentido” Marjaliza ha contado al juez instructor Eloy Velasco, que Francisco Granados le convocó a él y a Cid Sicluna “a una reunión en la que les informó de la revisión urbanística a la que iba a ser sometido el ayuntamiento de Valdemoro, de las oportunidades urbanísticas existentes en esta operación, y del interés del propio Granados en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios”, dice el informe de la UCO.

El resultado de aquella reunión fue la constitución de la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL, cuyos socios eran Marjaliza, Cid Sicluna y el propio Granado, aunque éste estaba representado a través de la sociedad Ayjopen, de la que era titular María José Marijuan, esposa de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios. Los empresarios supieron así de manera anticipada las zonas por las que iba a crecer el municipio, con la posibilidad de comprar así suelo en las mismas (llegaron a participar incluso en reuniones de planeamiento urbanístico del municipio). Además, se beneficiaron de la adjudicación de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, para lo cual tenían que pagar el correspondiente “peaje político” en forma de comisiones.

“El desarrollo urbanístico del municipio se dirigió hacia sectores donde los empresarios disponían o podían disponer de suelo –dice la UCO-, conociendo de antemano hacia donde se iba a desarrollar el municipio y beneficiándose de manera directa a través de la plusvalía generada”. Posteriormente vendían el suelo a terceros interesados o bien se encargaban ellos de construir en él con empresas propias. Los investigadores calculan que las reclasificaciones llevadas a cabo beneficiaron a 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico propiedad de los empresarios, que pasaron a convertirse en suelo urbanizable, con una revalorización aproximada de 550 euros por metro cuadrado, lo que supuso para ellos un incremento patrimonial conjunto estimado en unos 709 millones de euros.