Publicado: 17/06/2016 09:43
"Razones de índole profesional". Ese es el argumento esgrimido por el abogado Enrique Molina para dejar la defensa en el caso Púnica de Francisco Granados y su mujer, Nieves Alarcón, también investiga (antes, imputada) en la causa. Así aparece en el escrito que ha dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En dicho escrito, fechado el pasado 14 de junio, el letrado informa al magistrado que le sustituirá Carlos Zabala López-Gómez, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal. En su comunicación, Enrique Molina, que en su día fue fiscal de la Audiencia Nacional, asegura también que sigue "instrucciones de mis mandantes".
Molina, que dice seguir "instrucciones de mis mandantes", será sustituido por Carlos Zabala, especialista en derecho penal del bufete Ramón y Cajal
La decisión del abogado del político e produce poco después de que haber presentado dos escritos en en las últimas semanas. El primero, para solicitar la libertad del que fuera todopoderoso secretario general del PP madrileño. El último, hace sólo unos días, para reclamar que el juez Velasco se inhibiera en los juzgados de Valdemoro en la instrucción de la primera pieza del sumario del caso Púnica, la referida al 'chivatazo' que le dio un guardia civil de que estaba siendo investigado. La primera petición fue rechazado de plano por el magistrado, mientras que sobre el segundo aún no se ha pronunciado.
Petición de libertad
El escrito en el que solicitaba su puesta en libertad fue presentado el pasado 18 de mayo, sólo 24 horas después de que se desatara una tormenta mediática tras levantarse el secreto de sumario sobre la confesión de su socio, David Marjaliza, en la que éste le señalaba como una pieza clave en la trama. Entonces, Granados, insistía en que no había riesgo de fuga porque era "ciudadano español" y tenía arraigo en nuestro país, además de que la posibilidad de que destruyese pruebas o reincidiese en la actividad delictiva de que se le acusa era nula porque "parece poco probable" que volviese "a ocupar el puesto como funcionario público". No era la primera vez que pedía su excarcelació, pero anteriormente el ex senador había llegado a proponer llevar un pulsera de control telemático. En esta ocasión no planteó dicha posibilidad.
Tras verlo rechazado y seguir siendo el único imputado que sigue preso, la defensa intentó una nueva maniobra. En este caso, para solicitar a la Audiencia Nacional que las pesquisas por el supuesto 'chivatazo' que le dio un guardia civil que puso en peligro toda la 'Operación Púnica' fuese a partir de ahora instruido por un juzgado de Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid en el que fue alcalde y que se convirtió en el epicentro de la trama de corrupción. El político encarcelado argumentaba en dicho escrito que esa parte del sumario, cuya finalización está próxima, no podía seguir siendo llevada por el juez Velasco, ni por la Unidad Central Operativa (UCO) ni por la misma Audiencia Nacional, al considerar que los hechos no son competencia de este último tribunal, y que el magistrado y el grupo de élito de la Guardia Civil no eran imparciales.
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