Caos aéreo

Fomento quiere pactar con los controladores aéreos que provocaron el caos en 2010

La Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Fomento en la causa abierta por el cierre del espacio aéreo, está a favor de alcanzar un pacto de conformidad con los 136 controladores que se encuentran imputados por provocar el caos en España en el puente de la Constitución de 2010. El próximo 2 de diciembre hay prevista un reunión en Fiscalía para abordar las conformidades. Se anularon 5.000 vuelos y hubo 70.000 afectados. 

Torre de control del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Torre de control del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas EFE

Han pasado seis años desde que el espacio aéreo español tuvo que cerrarse debido a una huelga salvaje del colectivo de controladores aéreos. Durante 24 horas entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010 los aviones no pudieron sobrevolar el territorio español en las vísperas del puente de la Constitución. El Gobierno de entonces, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, decretó el estado de alarma y las torres de control de los aeropuertos fueron tuteladas por militares. Se cancelaron 5.000 vuelos y hubo 70.000 afectados.

Tras años de investigación judicial, en abril de 2014 el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid procesó a 136 controladores aéreos alegando que entre los imputados hubo "un concierto previo de voluntades orientado al abandono voluntario y general de sus funciones, negándose a atender el servicio con la falaz argumentación de verse ficticiamente afectados por una supuesta crisis de ansiedad y estrés".

La Fiscalía considera a AENA responsable civil subsidaria del daño causado por los controladores que asciende a miles de millones de euros

Posteriormente, la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado -en representación de Fomento, perjudicado directo del caos aéreo de 2010- presentaron sendos escritos de acusación. El Ministerio Público acusó a 119 controladores de un delito de abandono de servicio público y solicitó un año de suspensión de empleo y multa de 75.000 euros para siete dirigentes del sindicato mayoritario, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). Además, para la Fiscalía AENA es la responsable civil subsidaria del daño causado por los controladores y que no ha sido posible cifrar ya que los perjuicios causados ascienden a miles de millones de euros.

Próxima reunión con Fiscalía

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso presentado por USCA contra el procesamiento de los controladores. Ahora, el siguiente paso en este procedimiento judicial es que el instructor de Plaza de Castilla (Madrid) dicte el auto de apertura de juicio oral, que sentará definitivamente a más de un centenar de controladores aéreos en el banquillo ya que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno.

Sin embargo, según informan fuentes jurídicas del caso a Vozpópuli la intención de la Abogacía del Estado en este momento es alcanzar un acuerdo de conformidad con los controladores que lleve a una sentencia condenatoria pactada evitando la celebración de un juicio que podría prolongarse durante más de año y medio. Sin embargo, para que una conformidad pueda ser alcanzada deben poner de acuerdo todas las partes personadas en la causa: defensas y acusaciones.

El próximo 2 de diciembre se llevará a cabo una reunión en la Fiscalía Provincial de Madrid entre las partes para abordar las conformidades

No obstante, los letrados del sindicato USCA han enviado un correo electrónico al resto de abogados personados en este procedimiento, al que ha tenido acceso este periódico, donde se explica que han "instado a la aplicación del Protocolo de Conformidades en la causa conocida como Huelga de los Controladores".

En aras de cerrar dicho pacto tendrá lugar el próximo 2 de diciembre a las 10:30 una reunión entre las partes en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid. A dicha reunión asistirán los fiscales Ana Cristina Sainz Álvarez y Juan Ignacio García Arias. Será el primero de varios encuentros que mantendrán los fiscales con defensas y acusaciones con el objetivo de alcanzar el mencionado pacto.

Las fuentes consultadas apuntan a que si se logra cerrar un acuerdo, se trataría de una conformidad histórica dado el gran número de afectados e investigados que hay en esta causa.



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