Anticorrupción vuelve a proteger a los empresarios imputados en el 'caso Bárcenas'

Pocas preguntas y, además, nada incisivas. La actitud mantenida este miércoles por el fiscal Anticorrupción del caso de los 'papeles de Bárcenas', Antonio Romeral, durante el interrogatorio a cinco empresarios imputados en la causa provocó un enorme malestar entre las acusaciones personadas, que la llegaron a calificar de "propia de un abogado defensor". Según letrados que asistieron a dichas declaraciones, el representante del Ministerio Público casi no planteó cuestiones y las que hizo permitieron a los acusados reafirmarse en sus palabras autoexculpatorias. No es la primera vez que llueven las críticas sobre Anticorrupción durante la instrucción de esta pieza separada del 'caso Gürtel'. Ya en mayo, durante las primeras comparecencias de imputados, llamó la atención que no hiciera preguntas o que, más adelante, a algunos testigos, como María Dolores de Cospedal, evitara plantearles cuestiones incómodas. Una de las acusaciones ya presentó un escrito quejándose ante el juez Pablo Ruz del papel desarrollado hasta ahora por Romeral.

Las acusaciones denuncian que el fiscal nunca pregunta a los constructores por las adjudicaciones de contratos pese a ser la prueba clave para probar el cohecho 

Este miércoles estaban citados a declarar el presidente de Degremont Ibérica, Rafael Palencia; un alto directivo de FCC, Cecilio Sánchez; el presidente de la constructora Cyopsa-Sisocia, Camilo José Alcalá; el fundador del Grupo Romero Polo, José Antonio Romero, y el presidente del Grupo Bruesa, Antonio Pinal. De todos ellos, sólo el último se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas que le iban a plantear la Fiscalía, las acusaciones y el propio juez. Sólo respondió a las de su defensa. El resto, por el contrario, sí mostró su disposición a hacerlo, al menos, al magistrado y al representante del Ministerio Público, además de a sus letrados. Sin embargo, Romeral no aprovechó la ocasión. "A ninguno le hizo más de tres preguntas, todas ellas generales, y, por supuesto, no hizo ninguna referida a las adjudiciaciones y el tipo de contrato que los empresarios habían firmado con la Administración", denuncian fuentes jurídicas presentes en la causa.

Estas mismas fuentes ponen como ejemplo de lo ocurrido el interrogatorio del primer empresario que declaró, Rafael Palencia. Después de que éste negara la existencia de adjudicaciones a su empresa que pudieran tener ninguna relación con las supuestas donaciones recogidas en los 'papeles de Bárcenas', y que también negó, el representante de Anticorrupción se limitó a repreguntarle sobre esta circunstancia "para que pudiera ratificarse", señala uno de los letrados de las acusaciones. "Parece que acude a los interrogatorios sin haberse estudiado la abundante documentación sobre los contratos bajo sospecha que ya obran en la causa. De hecho, nunca pregunta sobre ellos pese a que son la prueba clave para demostrar la existencia de cohecho", insisten. Por contra, destacan que el juez Ruz realizó "numerosas preguntas y muy incisivas a todos los imputados, entre las que no faltaron cuestiones sobre la relación que pudieran tener con dirigentes del PP, incluidos Mariano Rajoy y todos los dirigentes que ocuparon la Secretaría General del PP".

Desde hace meses

Esta actitud de la Fiscalía no es, ni mucho menos, nueva, según coinciden en señalar varios abogados consultados. En este sentido, señalan que sólo desplegó "una actividad relevante" al poco de abrirse la causa. Entonces dio la batalla judicial para que el caso acabase en manos del juez Ruz por su condición de instructor del 'caso Gürtel', y no en las del magistrado Javier Gómez Bermúdez, en quien había caído por reparto la querella presentada por IU. Una vez logrado esto, su participación en la causa pasó a ser "muy pasiva", recuerdan fuentes jurídicas. Así, en mayo, durante las primera comparecencias de políticos cuyos nombres aparecían en los 'papeles de Bárcenas' comno receptores de sobresueldos casi no preguntó. Las fuentes consultadas recuerdan que "les hizo una o dos a cada uno, nada más. Además, les dejaba siempre la puerta abierta a contestar con evasivas". En este sentido, recalcan que la mayoría de las cuestiones que les planteó iban acompañados de la coletilla "si se acuerda" de tal modo que permitía a los testigos, obligados a responder, acogerse a 'socorridos' fallos de memoria.

El fiscal se opuso a la declaración de Rajoy como testigo al considerarla que las acusaciones la había pedido por "interés extraprocesal"

Poco después les tocó acudir a la Audiencia Nacional, ya como imputados, a constructores que aparecían como supuestos donantes. A los tres primeros no les hizo ninguna pregunta y, cuando se le criticó en los medios por ello, se escudó en que el interrogatorio del juez Ruz había sido tan exhaustivo que no le había quedado margen para plantear más cuestiones. Estos tres empresarios eran el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el propietario del Grupo Empresarial Sando SL, José Luis Sánchez Domínguez, y el responsable de Construcciones Hispánicas, Alfonso García Pozuelo, ya imputado en el 'caso Gürtel'. Aquel día, cuando dos acusaciones populares pidieron la celebración urgente de una 'vistilla' para que el juez acordase el ingreso en prisión de este último ante el supuesto riesgo de fuga, el representate del Ministerio Público se negó de plano. El juez Ruz rechazó finalmente la propuesta de los querellantes.

Además, en los meses que dura ya la instrucción, el representante de Anticorrupción se ha opuesto reiteradamente a las numerosas pruebas que han solicitado las acusaciones. Así, ante la petición de comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que aclarase la supuesta recepción de sobresueldos, como aseguró Bárcenas, el fiscal presentó en septiembre un escrito en que la rechazaba de plano al considerarla una “diligencia de conveniencia” orientada “más a un interés extraprocesal que (...) a la averiguación del delito y sus partícipes”. En su recurso, Romeral pedía al instructor que actuase con “cautela” y evitase “aquellas diligencias que aun cuando pueden despertar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal”. Romeral también se opuso a la declaración de otros dirigentes del PP, como Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

Prueba "impertinente, inútil y perjudicial"

Sólo tres días después, el fiscal se opuso a que se examinaran todos los contratos con las administraciones públicas logrados por los empresarios que figuraban como supuestos donantes del PP. Su argumento: dicha diligencia era "impertinente, inútil y perjudicial" para la investigación. Una oposición frontal que volvió a mostrar el pasado mes de noviembre ante la ampliación de la querella que presentó IU y que es la que llevó este miércoles a declarar como imputados a cinco empresarios y este jueves obliga a lo mismo a otros tantos. Entonces, en un escrito de 12 páginas, rechazó una por una todas las diligencias y peticiones de las acusaciones populares, que son las que hasta ahora han llevado la iniciativa investigadora en el caso, con Anticorrupción siempre a remolque.

Sin embargo, el episodio que más indignó a las acusaciones fue su actuación durante el interrogatorio como testigo de la actual número 2 del PP, María Dolores de Cospedal. En julio, fue la propia Fiscalía la que apoyó por sorpresa la comparecencia de la actual presidenta de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional, que habían pedido los abogados de IU. Sin embargo, cuando la tuvo frente a él, sólo le hizo tres preguntas (llegó a iniciar su intervención anunciando que sólo iba a hacer una), por lo que su interrogatorio duró poco más de dos minutos. Aquella actitud provocó que las acusaciones presentaran un escrito de queja ante su actitud ante el juez Ruz.