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España

Caso 3%: los indicios contra CDC generan dudas sobre la competencia del juez de El Vendrell

La sede de CDC durante los registros por el 3 por ciento.

El denominado caso del 3 por ciento que mantiene en jaque al partido de Artur Mas empezó siendo una discreta causa que en el año 2013 recayó en el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona) por sospechas de prevaricación en el consistorio de Torredembarra en relación con la posible alteración de un concurso público en la construcción del aparcamiento Filadors por parte de la mercantil Teyco, constructora propiedad de la familia Sumarroca.

Tres años después, gracias al trabajo coordinado de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de El Vendrell Josep Bosch Mitjavila, el procedimiento ha avanzado de tal forma que, en estos momentos, se investiga a casi una veintena de personas por el sistema de adjudicación de obra pública en Cataluña a cambio de las famosas mordidas del 3 por ciento. Lo que en principio iba a ser un procedimiento pequeño, de fácil instrucción, va camino de convertirse en una macrocausa que puede suponer la tumba del partido que ha gobernado durante más de tres décadas la Generalitat.

El caso del 3% comenzó como una pequeña causa y se ha convertido en tres años en un complejo procedimiento judicial donde se investiga a CDC

Las pruebas de las supuestas comisiones fraudulentas que han ido encontrándose en el camino los agentes del Instituto armado, el magistrado y los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo los han conducido a investigar nada más y nada menos que a Convergencia Democrática de Cataluña -como persona jurídica presuntamente inductora de los delitos de cohecho- y a la Fundación Catdem como "cooperadora necesaria" de la actividad delictiva en tanto que era "instrumento canalizador y receptora de las entradas de dinero, fruto de las adjudicaciones ilícitas".

CDC, "sujeto activo del delito"

El procedimiento del 3 por ciento se divide, actualmente, en los catorce tomos sobre los que el instructor levantó el secreto de sumario la semana pasada -desde el inicio de las pesquisas hasta las entradas y registros se llevaron a cabo el pasado mes de julio en Teyco- y la parte que continúa secreta y que afectaría de lleno al corazón de CDC. En total, se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, cohechos, falsedad, grupo criminal y blanqueo de capitales.

La principal duda sobre la competencia de Bosch surge una vez que se está investigando a CDC "como sujeto activo del delito" al considerarla inductora de los cohechos

Debido a la magnitud que han adquirido estas pesquisas en los últimos meses el instructor ha preguntado al Ministerio Público que le informe sobre si considera oportuno que se inhiba de la pieza separada número 3 que continúa, en estos momentos, bajo secreto.

Según fuentes jurídicas consultadas, la principal duda sobre la competencia surge una vez que se está investigando a CDC "como sujeto activo del delito" al considerarla inductora de los cohechos o sobornos cometidos en torno a las adjudicaciones de obra pública en Cataluña. Este dato será clave para determinar si Josep Bosch debe continuar instruyendo todo o parte de esta causa. De momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha respondido al juez y previsiblemente esperará a tener más resultados de las pesquisas que están en marcha para hacerlo. Las alternativas son que dicha pieza separada pase a ser instruida en la Audiencia Nacional -al haberse cursado una comisión rogatoria en busca de fondos ocultos en el extranjero- o en un juzgado de Barcelona, ciudad donde está radicada la sede de Convergencia y la Fundación CatDem.

Por otro lado, personas del entorno de Josep Bosch Mitjavila sostienen que las presiones que está sufriendo debido a la investigación de esta causa "son reales" pero que este joven juez, de treinta años e imagen aniñada, "las sobrelleva bien". De hecho, el instructor de El Vendrell podría haber pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial -órgano encargado de preservar la independencia judicial- y, de momento, no lo ha hecho, según informan fuentes de este órgano.

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