El Gobierno abre la vía para que la Fiscalía investigue a los funcionarios secesionistas

El Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue a la interventora de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vila, que se ha dirigido al Ministerio de Hacienda para especificar que había acatado la orden recibida del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont, según ha informado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros.

Una portavoz del ministerio público ha asegurado a Vozpópuli que la petición de Montoro será recibida en la Fiscalía General a lo largo del viernes. Si la reclamación se ha enviado a la Fiscalía Superior de Cataluña, el documento podría ser ya analizado este lunes.

Montoro tomó esta decisión después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio de Hacienda que no iba a informar semanalmente, como se les exigió por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.

"El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat. Bajo recomendación expresa de la Abogacía General del Estado se ha procedido a este envío ante la actitud de alguien que no está ejerciendo sus responsabilidades con la justificación de que está obedeciendo a un superior que ya está colocado fuera de la legalidad", ha asegurado Montoro a preguntas de los periodistas.

"Y por tanto, cualquier funcionario que recibe una orden de un superior a sabiendas de que con esa orden está cometiendo una ilegalidad está sujeto a las condiciones y a las consecuencias que significan el incumplimiento de la ley", ha completado el ministro de Hacienda.

El Gobierno inicia la vía para investigar la actuación de los funcionarios, como es el caso de la interventora de la Generalitat, por colaborar con el referéndum del 1 de octubre

De esta forma, el Gobierno inicia la vía para investigar la actuación de los funcionarios, como es el caso de la interventora de la Generalitat, por colaborar con el referéndum del 1 de octubre, cuya celebración ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El propio ministerio público informó al major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de la obligación que tienen los policías que están a su cargo de investigar e impedir la consulta aprobada por la mayoría de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament. 

Las cuentas de la Generalitat están controladas por el Gobierno de Mariano Rajoy desde hace cinco años, cuando el Ejecutivo de Barcelona, ante la pésima situación económica, recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Estado.

Información semanal

Con la apuesta por la independencia de la Generalitat, Montoro redobló en julio su control al Ejecutivo de Puigdemont, y le exigió información semanal a la interventora autonómica, cuya labor será investigada por el ministerio público tras acatar las órdenes de Junqueras, que se niega a facilitar la información.

En una sentencia conocida este viernes, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechaza la petición de la Generalitat de suspender de forma cautelar el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 21 de julio de 2017, en el que obligaba al Gobierno catalán a informar semanalmente de sus gastos.

Este mismo viernes, Montoro anunció también que el Ministerio de Hacienda se encargará de abonar de forma directa las nóminas de funcionarios, las subvenciones y los costes de otros servicios públicos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, mantuvo este viernes un encuentro con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que destacó que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes.

"Especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde "amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional", indicó Lesmes.

En este sentido, el propio Mariano Rajoy advirtió al president Puigdemont de que es imposible dialogar sobre algo "manifiestamente ilegal" y pidió a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante el referéndum del 1-O que no acudan a esa llamada.

"Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal", subrayó Rajoy.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, advirtió en la Cadena COPE que quienes participen en las mesas del referéndum de independencia de Cataluña convocado para el próximo 1 de octubre pueden delinquir.

Maza comentó, además, que "habría que estudiarlo pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad".