Seguridad

La Fiscalía emite una instrucción para acelerar el desalojo de ocupas

Se trata de un documento de 26 folios que insta a los fiscales a pedir como medida cautelar al juez la expulsión de quien allane una vivienda en el inicio de proceso

María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.
María Dolores Delgado, Fiscal General del Estado. Efe.

La Fiscalía General del Estado ha emitido este martes una instrucción para que la apliquen todos los representantes del ministerio público en España en relación a la ocupación de viviendas. La prinicipal novedad es que ordena a los fiscales pedirle al juez que expulse como medida cautelar a las personas que incurran un delito de allanamiento de morada al principio del proceso. Ya no será necesario esperar a identificar a los ocupas siempre que los dueños aporten a la policía la documentación que les acredite como legítimos dueños.

Según informa este departamento, son una serie de indicaciones para recurrir con "la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento". El escrito hace la diferencia entre el allanamiento (cuando ocupan una casa o la segunda residencia) y la usurpación (la entrada en edificios o viviendas deshabitadas ya sea por abandono o por falta de moradores).

"Empresas inmobiliarias de lo ajeno"

La Fiscalía se centra especialmente en la primera modalidad por la indefensión que genera en los legítimos dueños y los problemas que pueden provocar en el entorno. Advierte el ministerio público de que lleva años avisando de esta problemática, pero reconoce que la respuesta no es igual en todos los territorios. Analiza que lo que partió como una respuesta a los desahucios producidos durante la crisis económica, se han sumado mafias organizadas a las que llega a calificar como "empresas inmobiliarias de lo ajeno".   

"La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que, desde su misma aparición, ha generado preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno social en el que las mismas se producen", dice la Fiscalía solo siete días después de que Delgado avanzase la elaboración de esta instrucción durante la pasada apertura del año judicial.

Asegura haber "efectuado un estudio de los tipos penales de ocupación inmobiliaria y de allanamiento de morada, considerando como tal las denominadas segundas residencias o residencias de temporada, y da respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada".

Medidas cautelares

La instrucción lleva la firma de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y en ella se incluyen una serie de conclusiones. “En el delito de allanamiento de morada, se solicitará la medida cautelar de desalojo siempre que haya indicios sólidos de su comisión”, dice el documento. Excluye de este supuesto aquellos casos en los que la ocupación “se hubiese venido desarrollando con la tolerancia del legítimo morador”.

Se insta a que las denuncias por allanamiento que se presenten en comisaría lleven adjuntos todos los documentos que acrediten la titularidad de la vivienda para incorporarlo al atestado. Incluye en este punto el certificado del registro. Según la instrucción, es un trámite que “se puede hacer en tan solo siete horas hábiles, aproximadamente”.

Los fiscales ordenarán a las fuerzas de seguridad a que ya en su primera intervención exhorten a los ocupas a “comparecer en el Juzgado de guardia a la máxima celeridad” para que aporten los documentos que a su juicio les permiten estar en la vivienda. Es muy habitual que los que allanan una vivienda aleguen como argumento que son moradores de buena fe y haber sido engañados porque tienen un contrato de alquiler, aunque sea falso.  

Pero no será necesario identificar a los ocupas o esperar a que comparezcan ante el juez para proceder a expulsarles como medida cautelar, aunque después puedan ser escuchados ante la autoridad judicial. "No existe razón alguna que impida la medida cautelar", dice el texto que advierte de que no admitir esta opción "podría ser utilizado como estrategia procesal para dilatar indebidamente la adopción del desalojo". A la dificultad para identificar a alguien como paso previo a citarle ante el juez se sumaba en ocasiones el hecho de que las mafias les turnasen de casa y eso obligaba a iniciar todo el proceso.    

"Resultaría ilógico que se pudiera celebrar el juicio en ausencia del investigado y no así la adopción de una medida cautelar", insiste la Fiscalía. Se refiere a que, en estos casos, la vista oral se puede llevar a cabo sin la presencia del ocupa mientras esté su abogado. La Fiscalía insta a sus representantes en todo el territorio nacional a mantener una reunión informativa con las fuerzas de seguridad para explicarles esta nueva instrucción y a solicitarles que se les remitan los atestados que realicen en esta materia. Estos encuentros deberán ser periódicos para hacer un seguimiento de la problemática.

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