Tribunales

La Fiscalía pide archivar la causa del 8-M contra el delegado de Gobierno en Madrid

El ministerio público sostiene que la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia “no encuentra apoyo en dato indiciario alguno” de que José Manuel Franco hubiese podido cometer un delito

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Europa Press

La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El ministerio público ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el auto de la magistrada que dio paso a la investigación contra el funcionario por presuntos delitos de prevaricación administrativa por permitir la manifestación del 8-M en la capital. 

La respuesta de la Fiscalía tiene lugar tres meses después de que se iniciara el procedimiento y dos días antes de que Franco acuda a declarar como investigado. En el escrito, recogido por Vozópuli, el ministerio público ha cargado fuertemente contra las actuaciones de la juez Carmen Rodríguez-Medel. Según ha avisado el departamento dirigido por Dolores Delgado, "esta circunstancia obedece a que la Ilustrísima Instructora ha aplicado la Disposición Adicional segunda en lo relativo a la suspensión de los plazos, sin que se haya acogido al párrafo 4 de dicha Disposición". Así, ha criticado el incumplimiento de plazos procesales que, por el estado de alarma, estaban congelados desde el 14 de marzo.

En el recurso presentado este lunes, la Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación al considerar que no se concreta cuál es el hecho que se considera prevaricador. "En el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar”, ha señalado. En este sentido, ha concluido que no se puede acusar a Franco de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal". 

No aprecia delito

El ministerio público ha considerado que "a los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los Delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”. De ahí que, a su juicio, no resulte “razonable” exigir a Franco que prohibiese unas manifestaciones por razones de orden sanitario “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

La Fiscalía ha insistido en que la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia “no encuentra apoyo en dato indiciario alguno” de que Franco hubiese podido cometer un delito de prevaricación administrativa por omisión. Y ha hecho hincapié en que “después de todas las diligencias de instrucción practicadas, puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato (como difícilmente podría ser de otra manera, dada la atribución de competencias de la Comunidad Autónoma hasta la declaración del estado de alarma de fecha 14 de marzo de 2020), de suerte que tampoco baraja el Ministerio Fiscal la posibilidad de que, ampliando la instrucción mediante la práctica de nuevas diligencias, pudiera llegarse a una conclusión diferente”.

Tres meses de investigación

La juez Carmen Rodríguez-Medel dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. 

La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8 de marzo. La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil. En este sentido, han concluido que "a partir del 5 de marzo de 2020no se debería haber realizado ninguna manifestación".

La Fiscalía ha analizado las diligencias de instrucción practicadas “a los efectos de apreciar si existe en ellas cuando menos un atisbo de intencionalidad dolosa que justifique continuar con la investigación”. Ha concluido que “no es así”. 

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