Corrupción

La Fiscalía solo investiga a Juan Carlos I por mover con testaferros su dinero oculto

La Constitución impide al ministerio público analizar si los 100 millones de dólares que recibió el rey emérito en 2008 de la Monarquía saudí están relacionados con su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas

El Rey Juan Carlos y la princesa Corinna, en una cena oficial
El Rey Juan Carlos y la princesa Corinna, en una cena oficial

La Fiscalía ha descartado investigar si Juan Carlos I cobró en 2008 un total de 100 millones de dólares a cambio de intermediar con la Monarquía de Arabia Saudí en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, cuando era Jefe de Estado, y por tanto inviolable en virtud de la Constitución Española. Por el contrario, sí ha decidido seguir el rastro del dinero opaco que presuntamente guardaba en Suiza mediante testaferros, para así determinar si pudo haber cometido alguna irregularidad de carácter penal tras su abdicación en 2014, según consta en una nota de prensa difundida este lunes a los medios de comunicación.

Para buscar estos fondos opacos la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha puesto en manos de Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, las pesquisas que ya había abierto en 2018 el fiscal de anticorrupción Luis Pastor sobre las presuntas comisiones ilegales abonadas tras adjudicar el Gobierno saudí a un consorcio de empresas españolas las obras de construcción del AVE a La Meca.

En concreto, el Ministerio Fiscal asegura que este cambio de fiscales se debe a que "una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Emérito, Juan Carlos de Borbón", que solo puede ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado el monarca.

Decisión de Delgado

Fuentes de anticorrupción han defendido la decisión de Dolores Delgado de trasladar el caso al Supremo, porque la investigación se centra en la figura de Juan Carlos I, considerado el auténtico dueño de importantes sumas de dinero transferido a las fundaciones Lucum y Zagatka.

Dolores Delgado
Dolores Delgado

Precisamente, el primero de estos patronatos sirvió para que Juan Carlos I se embolsara presuntamente los 100 millones que le transfirió Arabia Saudí en 2008. El segundo, Zagatka, estaba a nombre de Álvaro de Orleans-Borbón, primo del monarca, y servía para pagar los viajes privados del anterior jefe de Estado. Ambas fundaciones fueron creadas por el fiduciario suizo Arturo Fasana.

La fundación Zagatka estaba a nombre de Álvaro de Orleans-Borbón, que pagaba con ella los viajes privados de su primo

Según asegura la amiga íntima del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una grabación del excomisario José Manuel Villarejo, Juan Carlos I quiso utilizarla a ella y a Álvaro de Orleans-Borbón para blanquear propiedades ."Ellos [el rey y su abogado suizo Dante Canonica] han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que también vive en Mónaco. Ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante", indica la empresaria alemana, que completa que el monarca y otras personas se habrían repartido 80 millones por la adjudicación del AVE saudí.

El rey Juan Carlos se vio con Corinna.
El rey Juan Carlos se vio con Corinna. Efe

Incluso, Zu Sayn-Wittgenstein llega a asegurar que el rey emérito colocó parte de su patrimonio a nombre de ella "sin decírselo" y que después de su ruptura la estaba "presionando" para le devolviera el dinero. En la grabación la empresaria alemana reconoce que si manda el dinero podría ser considerado "blanqueo". 

Delitos fiscales

En este sentido, la investigación realizada por el fiscal suizo Yves Bertossa, que fue puesta a disposición del fiscal de anticorrupción Luis Pastor, refuerza la posible implicación de Juan Carlos I en presuntos delitos fiscales o de blanqueo de capitales. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran a este diario que por el momento no hay una calificación concreta de los hechos delictivos, algo que tendrá que hacer a partir de ahora el fiscal Campos, especialista en delitos económicos, y que contará con la ayuda de otros tres fiscales del Tribunal Supremo.

El edificio del Tribunal Supremo en Madrid.
El edificio del Tribunal Supremo en Madrid. Europa Press

La información suministrada por las autoridades suizas, adelantada por el diario El País, hace un relato minucioso del recorrido del dinero. Así, la Fundación Lucum, inscrita en Panamá, recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí en 2008. Desde este patronato panameño se transfirió en 2012 un total de 65 millones de dólares a una cuenta bancaria abierta en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas), a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation, propiedad de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Corinna trasladó 39 millones a finales de 2016 a una de sus cuentas personales, abierta en el Fieldpoint Private Bank de EE UU

De estos 65 millones, la amiga íntima de Juan Carlos trasladó 39 millones a finales de 2016 a una de sus cuentas personales, abierta en el Fieldpoint Private Bank de Estados Unidos. Parte de este dinero fue utilizado para comprar inmuebles de lujo en Londres, completa la referida información de El País.

Una testaferro

Ante estos movimientos de dinero -algunos de ellos después de 2014, fecha de abdicación del monarca- la Fiscalía del Tribunal Supremo deberá determinar si, como asegura Corinna zu Sayn-Wittgenstein, las sumas recibidas eran solo un regalo del monarca, o, como sospechan las autoridadessuizas, la empresaria alemana ejerció de testaferro de Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos de Borbón, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo.
El rey emérito Juan Carlos de Borbón, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. EP

Por otra parte, técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que Juan Carlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves: un posible delito de fraude fiscal agravado y un presunto delito de blanqueo, si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones, según informa Europa Press.

En este sentido, Gestha insiste que si el Rey emérito no ha declarado en el modelo 720 los bienes en el extranjero (entre otros, los supuestos 100 millones de la fundación panameña) podría incurrir en un presunto delito fiscal agravado en el último ejercicio no prescrito administrativamente al día de hoy, es decir, en el IRPF 2015.

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