Publicado: 13/09/2012 04:00
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se ha convertido en un campo de minas para el ministerio de Cristóbal Montoro ya que no solo ha conseguido enfadar a extraños sino incluso a los propios. La que es una de las iniciativas fundamentales, o, al menos así lo han vendido desde el Gobierno, del paquete de reformas estructurales, se ha encontrado con resistencias del PSOE, lo que entra en lo previsible, pero también de la FEMP, presidida por un popular, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y hasta del PP. Y es que de la Ley de Bases cuelgan además otras dos reformas que Hacienda pretende colar a través de la reforma de la Ley Electoral y la Ley de Preuspuestos, esto es: un recorte del 30 por ciento de concejales y unos baremos para la retribución de las corporaciones locales que tampoco les gustan.
De hecho, en el PP todavía se preguntan de dónde ha surgido la propuesta de meter la tijera a un tercio de los ediles, e intentan que Hacienda module de alguna manera este porcentaje, sobre todo habida cuenta de que "en la mayoría de los ayuntamientos de España ni alcaldes ni concejales cobran" y una reducción tan drástica puede crear problemas de representatividad en muchos ayuntamientos, contando en aquellos del País Vasco, fundalmentalmente, pero también de Cataluña, donde la capacidad de penetración de los partidos constitucionalistas es muy escasa y pueden quedarse si representación. Con la futura reforma de la LOREG se pretende pasar de los actuale 68.578 concejales a a 47.240, esto es, 21.338 menos, algo más de un 31,1 por ciento de reducción. Como es lógico, dicho recorte no se produciría hasta celebradas las próximas elecciones locales, en mayo de 2015.
El alcalde de un pueblo "rico" que ingrese mucho por IBI, por ejemplo, siempre estará mejor pagado que el de uno "pobre"
Esperan que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, "rebaje" esta propuesta así como la referida a la remuneración de las corporaciones lcoales, cuetiones en las que coinciden con los socialistas y que están en la mesa negociación, según ha podiso saber este medio. Ya no se trata tanto de que un alcalde o presidente de Diputación no pueda ganar más que un ministro, esto es, unos 69.000 euros anuales, como que la remuneración de la corporación no sobrepase el 0,6 por ciento del total del presupuesto municipal. Con este criterio, el alcalde de un pueblo "rico" que ingrese mucho por IBI, por ejemplo, siempre estará mejor pagado que el de uno "pobre", aunque tengan la misma población e iguales necesidades.
Hacienda ha hablado con PP y PSOE aunque el grueso de la negociación lo lleva la FEMP. La Federación Española de Municipios y Provincias no ha ahorrado en críticas contra el Gobierno por entender que los cambios que se pretenden en la administración "no cumplen las expectativas del municipalismo, ya que no abordan en profundidad ni la reforma de los gobiernos locales ni la financiación de los mismos", además creen que pone en cuestión la autonomía de los municipios y puede quedar en "papel mojado", tal y como señalaron en un documento interno que publicó Vozpópuli.
No hay tantos escollos a la hora de establecer el listado de competencias exclusivas de los entes locales, uno de los capítulos en los que puede haber acuerdo. Sin embargo la triple reforma de la Ley de Bases, de la Electoral y los baremos para la remuneración de los cargos locales puede retrasarse a finales de año, contra las previsiones del Gobierno que quería acelerar un acuerdo en esta materia.
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