Terrorismo

Expulsados de la Policía los dos agentes condenados por el chivatazo a ETA

El BOE publica las bajas definitivas del Cuerpo del comisario Enrique Pamiés y su compañero José María Ballesteros, inhabilitados por el soplo que frustró una operación contra la rama financiera de la banda

Enrique Pamiés y José María Ballesteros, expulsados de la Policía
Enrique Pamiés y José María Ballesteros, expulsados de la Policía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes las bajas definitivas de los dos agentes condenados por el caso Chivatazo en el que se investigó un soplo policial a ETA que frustró en 2006 una operación policial contra la estructura financiera de la banda que operaba en el bar Faisán de Irún. 

Los expulsados, doce años después de los hechos, son el exinspector jefe José María Ballesteros y el comisario Enrique Pamiés, ex jefe Superior de Policía del País Vasco con una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo y quien se había jubilado hace meses tras servir los últimos años de su carrera en Huesca y Zaragoza.

En su caso, la resolución del Ministerio del Interior declara "la pérdida de la condición de funcionario del Comisario del Cuerpo Nacional como consecuencia de haber sido condenado en sentencia firme a la pena de inhabilitación especial por tiempo de cuatro años". La resolución está firmada por el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, 'número dos' del ministro Juan Ignacio Zoido. Pamiés había recurrido esta condena y había solicitado incluso el indulto al Gobierno, sin éxito.

Víctor García Hidalgo, absuelto

En este caso fue investigado el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, pero finalmente fue absuelto en una causa que comenzó a instruir en la Audiencia Nacional el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta que fue sustituido por Baltasar Garzón. Este caso fue una de las principales armas de la oposición que ejercía el PP contra el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero y el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los hechos se enmarcan en un momento en el que el Gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero mantenía contactos con la banda terrorista de cara a un proceso de negociación. El mismo día en el que se frustró la operación, el presidente del Gobierno recibía en La Moncloa al líder del PNV Josu Jon Imaz para recibir el apoyo de los nacionalistas vascos al proceso de paz que iba a emprender con la banda.

Entre los investigados en la llamada operación Urogallo había un histórico dirigente del PNV ahora fallecido llamado Gorka Aguirre, pero la investigación dejó la responsabilidad sólo en los dos policías, que nunca acusaron a sus superiores de haberles ordenado realizar el soplo en el bar Faisán para frustrar la operación. 

Según acreditó la sentencia, el inspector Ballesteros se presentó en el Bar Faisán de Irún y le pasó el teléfono móvil al dueño del establecimiento Joseba Elosua, un histórico del entorno etarra, que conocía toda la operativa de financiación de ETA que giraba en torno a su bar. Al otro lado de la línea alguien le avisó de que si ese día procedían a llevar a Francia el dinero recaudado del impuesto revolucionario serían detenidos. Según la sentencia, esa advertencia se la realizó Pamiés. 



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