Europa asegura no haber planeado llevar a Grecia a la bancarrota

La cuestión griega se enquista cada día que pasa. Ayer el rifirrafe de declaraciones entre varios políticos del máximo nivel en Europa dejaba entrever la brecha aún abierta. Mientras, la Comisión Europea aseguraba no tener previsto ningún plan para inducir a Grecia a la suspensión de pagos.

"No hemos diseñado un análisis o un plan para una suspensión de pagos de Grecia. Las declaraciones de que eso sería devastador se basan en análisis económicas profundas", admitió el portavoz comunitario para Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj. "La Comisión Europea quiere que Grecia permanezca en el euro y haremos todo lo que está en nuestro poder para que sea así", remachó el portavoz.

Por su parte, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, advirtió sobre las especulaciones de una posible salida de Grecia del euro prevista por algunos países de la eurozona. En este sentido, Venizelos llegó a decir que “algunas personas fuera del país están jugando con fuego” y situando al país “en el filo de la navaja”:

Plegarse a la troika

Horas antes, el líder del partido conservador griego Nueva Democracia y segundo socio del Gobierno de coalición griego, Antonis Samarás, se plegaba a la exigencia del Eurogrupo de comprometerse por escrito a las reformas exigidas en caso de ganar las elecciones generales de abril. Un punto esencial de cara a obtener la ayuda del segundo rescate por valor de 130.000 millones de euros.

Samarás, que se postula como favorito en los próximos comicios, envió una carta a la troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) explicando su acuerdo con la austeridad pero con algunas salvedades. En ella, el político griego advertía de que de llegar al Gobierno buscaría "proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad" y con una reforma fiscal con una “distribución más equitativa del peso impositivo”. Uno de los puntos de conflicto con la troika fue su demanda de recortar 325 millones de euros adicionales del total de 3.300 millones. Un dinero que debía obtenerse con una nueva reducción de las pensiones. Samarás había sido, precisamente, uno de los principales detractores de este nuevo tijeretazo.