Publicado: 06/11/2014 04:00
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha llegado gracias a la 'Operación Púnica' desarrollada en octubre de 2014 a la misma conclusión que los constructores denunciaron a Esperanza Aguirre en 2008: Francisco Granados presuntamente recibió bienes inmuebles por la concesión irregular de contratos públicos. El informe, que ha dormido durante más de seis años sin tener recorrido judicial ni político, recogía en doce folios manuscritos buena parte de los delitos a los que se enfrenta ahora el que fuera 'número 2' del PP madrileño: blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude. El magistrado de la Audiencia Nacional sólo ha sumado ahora los cargos de malversación y contra la Hacienda Pública.
El juez no detalla en su auto qué bienes inmuebles recibió Granados. La denuncia de 2008 habla de un chalé en la promoción 'Los Altos del Duque II', de Valdemoro
El auto de prisión dictado por el juez el pasado viernes 31 de octubre decía literalmente que "a lo largo de su carrera pública", el exsenador Granados participó en una "red de tráfico de influencias" con la que benefició a su amigo y socio, el empresario también encarcelado David Marjaliza, y a otros constructores. Sin embargo, también recalcaba que la misma trama también fue utilizada por el político "en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios". El escrito judicial no especifica, sin embargo, qué bienes inmuebles están bajo sospecha de haber sido parte de estos pagos.
Sin embargo, la denuncia que llegó en 2008 a la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sí daba datos concretos. En ella, David Merino, entonces director general de operaciones de la constructora Dico-DHO, una de las señaladas por entregar supuestamente 'mordidas', denunciaba que al menos en una ocasión se había pagado a Granados con un chalé. En concreto, con uno de "una promoción que se desarrolló aproximadamente entre 2006 y 2007" y que "se escrituró ante notario" ese último año. El directivo de Dico recalcó que dicha vivienda "valdría o se comercializada alrededor de los 320-350.000 euros" y que estaba situada en el mismo Valdemoro, en una zona llamada 'Los Altos del Duque II'. "No sé, aunque creo que sí, si aún vive en él", añadía para a continuación mostrar sus dudas: "O se lo revendimos o se le pagó, aunque creo que lo pagaría Dico".
El informe de 12 folios que recibió Aguirre del sindicato Manos Limpias a través de uno de sus consejeros detallaba ésta y otras supuestas irregularidades para concluir que Granados y otros políticos habían estado cobrando supuestamente en 'negro' como parte de una trama que cobraba comisiones ilegales a cambio de concesiones de obra y adjudicaciones. En el documento, de hecho, figuran nombres de algunos de los empresarios que se han visto imputados dentro de la 'Operación Púnica', como David Marjaliza y Ramiro Cid. Dico-DHO, a la que pertenecía el directivo que denunció las corruptelas, también está siendo investigada.
Las comisiones se ganaban en timbas de póquer
El documento no sólo detallaba en qué consistían los pagos, sino también cómo se pactaban con un elemento recurrente: las jornadas de caza que se cerraban en torno a una mesa de póquer. A éstas asistía no sólo Francisco Granados, entonces ya 'número 2' de Aguirre en el PP de Madrid, sino también su sucesor en el Ayuntamiento de Valdemoro. Junto a ellos aparecían otros alcaldes que también están siendo investigados en la 'Operación Púnica'. Una estrecha relación entre municipios que ha sido acreditada por el juez Velasco en los últimos días, como lo demuestra el hecho de que haya imputado a otros regidores de la Comunidad de Madrid.
Era en estos encuentros en los que presuntamente se pactaban los pagos de comisiones a cambio de favores políticos. Uno de ellos, celebrado en la 'Finca El Descanso', está recogido en el informe manuscrito remitido a Aguirre con bastante detalle. En él se especifica que alrededor de la mesa se sentaban el antiguo 'número 2' del PP madrileño y su socio Marjaliza. "Granados ha asistido a casi todas las cacerías organizadas por Dico", denunciaba el constructor David Merino en aquel documento, para a continuación añadir: "En esas cacerías, además, estaban como invitados las demás empresas que actuaban en el municipio de Valdemoro, empresas del sector de promoción y construcción y propietarios del suelo del mismo municipio".
El responsable de la constructora revelaba también que a cambio de las concesiones de obra y contratos públicos, Dico tenía empleados como titulares de suelo en Valdemoro y había colocado a quienes definía como "amigos de la alcaldía", es decir, que al menos esta constructora también empleaba a familiares y amigos como parte de la red destapada ahora. Precisamente UPyD prepara una denuncia recogiendo los 'enchufes' que pudieron servir para conseguir adjudicaciones. El texto, que la formación política pretende presentar en las próximas semanas, llegará más de seis años después de la primera denuncia por escrito. Aquella que Aguirre dice ahora no recordar.
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