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España debe invertir 21.400 millones en hospitales para alcanzar la media de la OCDE

Mientras que la capacidad asistencial de España es del 14,6%, la media de la OCDE se sitía en el 21,7%

Instalaciones hospitalarias, en una imagen de archivo.

España debe invertir en los próximos diez años 21.400 millones de euros en hospitales, el equivalente a 56.303 nuevas camas, para elevar su capacidad asistencial del 14,6% actual al 21,7% y situarse así en la media de los países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE).

La asociación de constructoras y concesionarias Seopan ha elevado a 157.000 millones la inversión prioritaria en infraestructuras de España, frente a los 103.000 millones del informe que presentó poco antes del estallido de la crisis del coronavirus, al incluir inversión para cubrir las carencias mostradas por el sistema hospitalario y otros 32.435 millones para lograr energía asequible y no contaminante en el sector residencial y terciario.

Durante su intervención en el Nuevo Economía Forum, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha defendido que estas inversiones permitirían cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas y servirían como palanca de reactivación de la economía, tras la actual crisis sanitaria.

Estas inversiones, a ejecutar entre 2021 y 2030 y que en un 80 % podrían ser cubiertas por el sector público mediante el modelo concesional, generarían 144.870 millones de actividad económica inducida, así como más de 2,36 millones de nuevos empleos y un retorno fiscal de 77.159 millones de euros, ha subrayado.

Para cumplir con el ODS de salud y bienestar, además de invertir en hospitales, España debe destinar 2.200 millones a mejoras en las carreteras para reducir el número de víctimas en accidentes de tráfico.

En relación al objetivo de energía asequible y no contaminante, el esfuerzo debe centrarse en mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras para reducir el consumo de energía primaria (reducir 9.485,1 toneladas equivalentes de petróleo en 2021-2030).

Para lograrlo, Seopan cifra en 22.431 millones la inversión en edificios existentes del sector residencial, en 3.671 millones la correspondiente a edificación del sector terciario y en 6.333 millones las relacionadas con grandes instalaciones de climatización.

El resto de la inversión propuesta por las constructoras debería destinarse a garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (5.253 millones), incrementar la resiliencia y calidad de las infraestructuras (17.784 millones), garantizar la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades (74.784 millones) y combatir sequía e inundaciones (3.848 millones).

Durante la presentación, Núñez ha advertido de que los niveles de inversión pública se encuentran en mínimos históricos (equivalentes a los de 1980) y ha subrayado que para cubrir el plan de inversiones prioritarias propuesto por Seopan, debería incrementarse en un 70%.

Por ello, ante el gran volumen de recursos que hay que destinar a inversión social y los altos niveles de déficit, "es imprescindible recuperar el modelo concesional en la contratación pública, que no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura", ha defendido.

"Debemos plantearnos poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países de la UE", según Núñez, que ha asegurado que por las conservaciones mantenidas con el Gobierno esta alternativa no se descarta, aunque quizá habrá que esperar a que se supere la crisis sanitaria.

El presidente de Seopan ha asegurado que en el mundo existe un importante volumen de liquidez y que aunque España siguen siendo un país atractivo para invertir, debe ofrecer seguridad jurídica y regulatoria a los potenciales inversores.

Cualquier infraestructura que pueda ser financiada por el sector privado debe hacerse así, porque esto permite liberar recursos públicos sin perder la titularidad pública, ha insistido Nuñez, quien ha advertido de que la alternativa a no recuperar el modelo concesional "es no hacer nada".

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