Enrique Ortiz, el primer empresario que reconoce la financiación ilegal del PP en Valencia

Enrique Ortiz, el empresario salpicado por el caso Gürtel y Brugal en Valencia, ha empezado a tirar de la manta tras admitir los delitos que implican al PP en la comunidad. El presidente del grupo Cívica, que se enfrenta a 17 años de prisión por el caso Brugal, acusado de delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude, sería el primer gran empresario que confiesa estas prácticas corruptelas.

El empresario habría reconocido íntegramente la financiación ilegal del PP en su escrito de la defensa, según ha adelantado la Cadena Ser. En él admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el magistrado en el auto de apertura de juicio oral. Por este motivo, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses.

Ortiz pide que la pena de prisión se sustituya por una multa, y en caso de no ser posible insta a que se "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad"

Asimismo, Ortiz solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de una correspondiente multa, y en caso de no ser posible insta a que se "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

El pasado 26 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, abrió juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad enlas elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En ese auto, el juez apuntó que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008", servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran "objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria".