Publicado: 26/09/2015 04:00
El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro ha acordado tramitar la recusación que la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el Partido Socialista presentó contra el juez Enrique López: su compañero en la Sala de lo Penal y magistrado al que por turno de reparto le ha tocado formar parte del tribunal que debe juzgar la Primera Época de la trama Gürtel (1999- 2005) y asumir la ponencia de la misma.
El instructor, que se debe limitar a tramitar o rechazar 'ad limine' el incidente de recusación así como ordenar la práctica de prueba, recalca en su resolución hecha pública este viernes la "vinculación" de López con el PP.
El instructor de la recusación formó parte del CGPJ en los mismos años en los que fue vocal López. La diferencia radica en que Martínez Lázaro fue propuesto por el PSOE
Uno de los argumentos que el magistrado da es que, junto con su participación en cursos del think tank del PP -la fundación FAES- o el hecho de que el Ejecutivo del PP lo designara para el Constitucional, Enrique López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP entre los años 2001 y 2008.
Lo llamativo es que Javier Martínez Lázaro, que carga las tintas ahora contra su compañero de Sala, también fue vocal de ese mismo Consejo pero a propuesta, en este caso, del PSOE. De hecho, regresó a la Sala de lo Penal de la Audiencia en el año 2008, cuando abandonó su puesto en el órgano de gobierno de los jueces.
En su auto, Martínez Lázaro comienza subrayando que en dicha "resolución no va a pronunciarse sobre si concurren o no las causas de recusación que se imputan al magistrado señor don Enrique López López, lo que deberá efectuarse por el tribunal competente, en este caso, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". Asimismo, el instructor inicia su exposición aclarando que "esta resolución no puede contener una propuesta sobre la estimación o no de la recusación, propuesta que deberá efectuar el magistrado ponente que sea designado entre los que integra el Pleno de la Sala".
"Una pérdida de imparcialidad"
Sin embargo, a renglón seguido, el magistrado sostiene que el hecho de que Enrique López haya sido propuesto "en tres distintas ocasiones" para cargos públicos de alta relevancia – en referencia a que fue ex vocal del CGPJ gracias al PP, ex magistrado del Tribunal Constitucional nombrado por el Gobierno de Rajoy y, que previamente el partido había tratado de auparlo al tribunal de garantías- "sugiere una cierta vinculación de dicho partido con la carrera profesional del magistrado recusado".
En su escrito, Martínez Lázaro destaca que "tiene relevancia el elevado número de participaciones en las actividades de la FAES, fundación que en su página web se autodefine como vinculada al Partido Popular y de cuya dirección forma parte Ana Mato, también encausada como partícipe a título lucrativo, al igual que el Partido Popular, en la causa que el magistrado señor López López está llamado a enjuiciar".
En este sentido, el ex vocal a propuesta del Partido Socialista sostiene que "no se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el Partido Popular: su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo lo que implica una apariencia de vinculación con el citado partido. Y esa apariencia de vinculación se hace más relevante si se tiene en cuenta que el magistrado percibió según él mismo indica, la no desdeñable cantidad de 13.102,37 euros por la participación en las actividades organizadas por la FAES".
El Pleno tiene la última palabra
Javier Martínez Lázaro, juez de marcado corte progresista y miembro de la asociación Jueces para la Democracia, concluye su escrito diciendo que los hechos anteriormente relatados pueden implicar una "pérdida de imparcialidad" por parte del magistrado Enrique López lo que hace necesario que se tramite dicho incidente de recusación.
Según informan fuentes jurídicas, una vez que el instructor ha ordenado que se practiquen las pruebas acordadas – que la fundación FAES entregue en el plazo de 10 días certificado de las mesas redondas, cursos o conferencias en los que haya participado y las cantidades percibidas por ello- se designará a un magistrado ponente que deberá elevar una propuesta ante el Pleno de la Sala Penal. Dicha ponencia será votada y será entonces cuando se sepa si López debe apartarse del tribunal que juzgue la Primera Época de la trama Gürtel.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.