Publicado: 01/10/2015 04:00
Cuando llegó a manos de la Agencia Tributaria una lista con centenares de nombres de grandes contribuyentes como Emilio Botín con cuentas en el banco Suizo HSBC por las que no pagaban al fisco, los responsables de la AEAT tuvieron que tomar una decisión: ir a por ellos por delincuentes (lo es todo aquel que cometa un fraude superior a los 120.000 euros, y en este caso se trataba de centenares de millones), en lo que se antojaba como un proceso largo y complejo contra gente muy poderosa; o avisándoles gentilmente, uno a uno, para que pagaran lo debido; es decir, darles una segunda oportunidad.
La Agencia Tributaria decidió emprender el segundo camino. Y por ello están imputados, en estos momentos, dos de sus ex directivos: el de Inspección, Carlos Cervantes; y María Dolores Bustamante, la de Gestión. Ahora, según ha podido saber Vozpópuli, la acusación particular está preparando una ampliación de la demanda para querellarse también contra Juan Manuel Vera, por entonces director de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), además cargo de confianza en la AEAT.
Tras escuchar las declaraciones de Cervantes y Bustamante, la jueza Purificación Elisa Romero solicitó la comparecencia como testigo de Vera. Cervantes había apuntado en su declaración a que Vera conocía la situación, y que participó en la toma de la decisión final de “avisar” a los defraudadores. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha pedido que declare como imputado en vez de como simple testigo. Pero la jueza les ha comunicado en un escrito que, si desean que así sea, han de ampliar la demanda para querellarse también contra el ex alto cargo. El abogado de la acusación sólo espera ya unos expedientes administrativos con documentos firmados por Vera para presentar en su caso la ampliación de la demanda. Entonces, la titular del juzgado 37 de Madrid tendrá que decidir si admite o no esa ampliación y si, por tanto, Vera finalmente asiste como imputado junto a sus dos subordinados.
El abogado de la acusación, Fernando Llagas, espera la recepción de tres documentos clave para ampliar la demanda contra Juan Manuel Vera
La Agencia Tributaria, consultada por Vozpópuli, ha declinado hacer comentarios. Los imputados están siendo defendidos por el abogado del Estado, y siguen ejerciendo como inspectores dentro de Hacienda.
Los 2.000 millones de la familia Botín
Los hechos se remontan a 2010, durante el penúltimo año de legislatura del PSOE y con los principales directivos de la Agencia Tributaria puestos por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando las autoridades francesas enviaron un conjunto de nombres españoles de una enorme lista de potenciales defraudadores a las Haciendas globales. Eran decenas de miles de personas de todas las nacionalidades con cuenta en el HSBC de Suiza. Los datos los había robado el informático Hervé Falciani.
La Agencia Tributaria detectó 659 nombres de evasores fiscales españoles. Aunque por las cantidades casi todos habían presuntamente cometido un delito fiscal y merecían un proceso penal por ello, en la AEAT decidieron notificar a 558, y pedirles que presentaran declaraciones complementarias, es decir, les dieron una “segunda oportunidad” para saldar sus deudas con Hacienda. Y una vez hecho esto, se notificó a la Fiscalía.
Según los testimonios de los imputados, las pruebas, en forma de fichas bancarias, eran demasiado confusas (incluían número de cuenta, nombre del titular, cantidades…), y en general el caso, demasiado débil. Además, algunos delitos estaban a punto de prescribir y era mejor cobrar esas grandes sumas que esperar a largos juicios contra grandes prohombres y sus despachos de abogados.
Así, se consiguió recaudar, sólo de la familia de los Botín, más de 200 millones de euros en forma de ajuste de cuentas con el Fisco. Tenían más de 2.000 millones ocultos en el extranjero. Emilio Botín llegó a frivolizar tras el juicio, asegurando que quizá la declaración le iba a salir a devolver. El banquero consiguió evadir a los tribunales por la aplicación de la ya famosa doctrina Botín, que impide a acusaciones particulares no afectadas por el fraude continuar con los procesos.
Gestha espera a tres documentos claves
El abogado de la acusación, Fernando Llagas, espera la recepción de tres documentos clave para ampliar la demanda contra Juan Manuel Vera.
Para empezar, un listado con todos los importes de los depósitos realizados por los presuntos defraudadores elaborado por la ONIF, que él dirigía, a petición del director de inspección, Carlos Cervantes.
Además, un informe de la ONIF sobre el tratamiento otorgado a los titulares de las cuentas opacas del HSBC-Suiza realizado a petición de la responsable de coordinación de la unidad de delitos de la AEAT. Es decir, de la posibilidad por escrito de presentar declaraciones complementarias antes de iniciar la comunicación de inicio de la inspección.
Por último, un listado con el envío de los expedientes a la Fiscalía, incluso a pesar de que presentaran declaraciones complementarias.
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