España

Eliminar las diputaciones supondría ahorrar 600 millones en el acto

El ahorro se duplicaría a medio plazo, según un informe de la fundación ¿Hay Derecho?

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico
El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico Flickr: PP de Castilla y León

El debate sobre la supresión de las diputaciones (o sobre su mantenimiento a toda costa) sigue vivo. Ante la inminencia de las nuevas elecciones, las voces en contra y a favor de acabar con estas instituciones han vuelto a primer plano de la actualidad política.

Un reciente informa de la fundación ¿Hay Derecho? asegura que eliminar las diputaciones provinciales supondría un ahorro "inmediato" de 600 millones de euros, cantidad que se vería duplicada a medio plazo gracias a los mecanismos correctores que eliminarían duplicidades o las llamadas redes clientelares, uno de los argumentos fundamentales de aquellos que abogan por su eliminación.

Ya durante la pasada campaña del 20D los partidos se posicionaron duramente sobre este punto

Ya durante la pasada campaña del 20D los partidos se posicionaron duramente sobre este punto. Mientras el PP era partidario de su mantenimiento ("eliminarlas es un disparate"), las formaciones emergentes, como Ciudadanos y Podemos, y también el PSOE, se mostraron favorables a su eliminación, bien fuera de manera gradual, bien de manera drástica.

En el nuevo informe, que lleva por título Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario, y que ha sido publicado por El País, se analizan los presupuestos de 38 diputaciones, para ver en qué se gasta ese dinero. Según el estudio, un 37% del monto total de 6.300 millones de euros de presupuesto se destina a pagar los sueldos y la las estructuras de las propias organizaciones.

"Las conclusiones apuntan a un muy disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la irracionalidad de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y, en definitiva, a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones", escriben Jaime Castellano y Rafael Rivera, los autores del estudio.



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