España

Tensión entre el Gobierno, País Vasco y Cataluña por el despliegue del Ejército

Moncloa ha ofrecido la ayuda militar en varias ocasiones a Urkullu y a Torra, y siempre se ha encontrado un "no" por respuesta pese a la incidencia del coronavirus en sus regiones

Militares de la BRIPAC entregan camas donadas por hoteles al hospital de Alcalá de Henares.
Militares de la BRIPAC entregan camas donadas por hoteles al hospital de Alcalá de Henares. ET

Íñigo Urkullu y Quim Torra no quieren al Ejército en País Vasco y Cataluña. Ni siquiera en esta crisis del coronavirus, que está golpeando con fuerza en ambas regiones: defienden que con sus propios recursos son capaces de hacer frente a la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez les ha ofrecido en varias ocasiones la ayuda militar y siempre se ha encontrado un "no" por respuesta. Pero el número de casos, lejos de remitir, sigue en aumento. Y también crece la tensión entre Moncloa, Palau de la Generalitat y Lehendakaritza.

El despliegue militar en País Vasco y Cataluña se está atragantando en el planeamiento de la Operación Balmis, como se ha bautizado al dispositivo militar en el plan de contingencia contra el coronavirus. 2.600 militares del Ejército de Tierra, del Aire, de la Armada y de la UME participan en dispositivos de vigilancia o de apoyo sanitario en 48 localidades de España. Ninguna de ellas vasca o catalana.

El motivo principal, según ha sabido Vozpópuli, es que lehendakari y president rechazan la presencia de las Fuerzas Armadas. Y eso que en sus regiones, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por Sanidad, se han registrado 973 y 1.866 positivos, respectivamente. Las estadísticas más altas después del foco principal, representado por la Comunidad de Madrid y sus 5.637 casos.

Las peticiones de las administraciones

¿Por qué aún no se han visto a las Fuerzas Armadas en estas regiones? Esa es la pregunta que circula entre sectores de la oposición política, tanto a nivel nacional como en las respectivas Comunidades Autónomas. El motivo, detallan fuentes militares, es que por ahora se están priorizando todas las peticiones que están tramitando las diferentes administraciones. Y que ni Urkullu ni Torra habrían solicitado el apoyo militar.

A preguntas explícitas de los periodistas sobre esta cuestión, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, explicó este miércoles en rueda de prensa por qué no se ha desplegado ningún contingente en País Vasco y Cataluña: "Intervendremos cuando se requiera o se necesite".

Por ahora, Sánchez ha optado por no enviar fuerzas castrenses a ninguna región que no las haya solicitado. El Gobierno valora con cada presidente autonómico la situación en las respectivas regiones. Y lo que en un comienzo eran diálogos moderados con Urkullu y Torra, son ahora conversaciones salpicadas por la tensión. ¿El motivo? El continuo rechazo al apoyo militar pese al creciente número de casos en País Vasco y Cataluña.

Las quejas del indepententismo

Esta situación habría generado episodios tirantes como el que detalla El Correo: el Ejército, que se dirigía al municipio de Loiu (junto a Bilbao) para desinfectar el aeropuerto, cambia su rumbo para cumplir con la misma función en Valdecilla (Cantabria). Según el periódico vasco, una llamada de queja del Gobierno vasco propició el cambio de planes.

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, dejó bien claro el rechazo a la presencia de las Fuerzas Armadas: "Sería extraordinario que el ejército español ocupara actividades que las instituciones vascas podemos hacer por nuestros propios medios", afirmó en una entrevista en Radio Euskadi.

Tampoco faltan las voces del independentismo catalán que han manifestado su animadversión hacia los cuerpos castrenses: "Los hospitales no necesitan militares, necesitan más medios y personal sanitario", aseveraba este miércoles Gabriel Rufián (ERC), al mismo tiempo que proponía reducir los presupuestos para las Fuerzas Armadas en un 40%.

Pedro Sánchez, por su parte, insiste en que "el virus no entiende de regiones ni de ideologías". El despliegue en las regiones con mayor representación independentista, no obstante, se está convirtiendo en un problema político para el Gobierno, que trata de no recurrir a la imposición de criterio en la gestión de la Operación Balmis.

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