Rajoy: "es una situación muy difícil y tengo la legitimidad para acometerla"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que su Ejecutivo sabe perfectamente que tiene que llevar a cabo una política económica "dura y costosa", que no va a producir efectos a corto plazo, pero que es la que "hay que hacer", y ha subrayado que para ello está legitimado por los votos, según recoge EFE. 

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Rajoy ha reconocido que la situación que atraviesa la economía española "es muy difícil", excepcional, por lo que el Gobierno tiene que reaccionar "con medidas excepcionales".

Después de la comentada salida de ayer del Senado, por el garage y sin atender a la prensa, Mariano Rajoy y su equipo de Gobierno afrontaba esta mañana la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde fue preguntado, entre otras cosas, por la reforma laboral, la sentencia del Tribunal Supremo sobre territorialización o la amnistía fiscal. 

Era el representante de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien le preguntaba si consideraba el Gobierno que la amnistía fiscal era la mejor manera de luchar contra el fraude. Rajoy respondía contextualizando la actual situación española, recordando que el principal objetivo del ejecutivo es reducir el déficit al 5,3%, y que eso se hace reduciendo el gasto o aumentando los ingresos. "No queríamos subir más los impuestos, y por ello esta medida de amnistía es excepcional y sólo tendrá efectos en 2012. Permitirá aflorar activos no declarados que hoy pagan cero y que pagarán entre el 8 y 10%. Es algo que procurará ingresos en el futuro, es un sistema reconocido por la OCDE y que ya se ha utilizado en otros países, incluso aquí en 1977, 1984 y 1991, donde sí que no pagaron nada", argumentaba Rajoy. 

Además, y como avance al plan de lucha contra el fraude fiscal que anunciaba que aprobarán el viernes, el presidente del ejecutivo desvelaba que se limitará el uso de dinero en efectivo en operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional. 

También fue preguntado por el grupo socialista sobre si iba a iniciar el diálogo sobre la reforma laboral, a lo que el presidente respondía que no, porque iban a continuarlo, no a iniciarlo, y recordaba a Alfredo Pérez Rubalcaba que ellos mismos aprobaron una reforma laboral y un real decreto ley sin aceptar ninguna de las 71 enmiendas que propuso el grupo popular. De cualquier forma, reiteraba su opción de dialogar con cualquier grupo, incluído el socialista. 

Sanidad y Educación no desvelan nada nuevo

En el resto de preguntas dirigidas a los ministros había especial interés por intentar conocer algún dato más sobre los recortes de 10.000 millones de euros en sanidad y educación anunciados escuetamente el pasado lunes. José Ignacio Wert respondía que su política educativa está orientada a la calidad, a combinar al máximo edicacia y eficiencia y a ser austera y rigurosa, buscando reducir el abandono escolar temprano, el fracaso escolar y que promueve la excelencia. Ante la pregunta sobre dónde estarán fijados los recortes el ministro alegaba que el grueso del gasto público educativo está transferido a las Comunidades Autónomas, y que por tanto, el impacto negativo se limita al 0,6% del gasto educativo total del país. "Vamos a mantener las mismas cuantías en becas que los presupuestos anteiores. Sí reducimos las becas en enseñanza de idiomas en el exterior pero no en el número, sino reorientándolas hacia la inmersión lingüística en el propio país", explicaba, sin aclarar demasiado sobre qué partidas se verían afectadas. 

En la misma dirección se movió Ana Mato, titular de Sanidad, quien no desgranó nada sobre ese ajuste sanitario y quien sí hizo referencia, una vez más, a que la situación actual a la que tiene que hacer frente el ejecutivo es fruto de la mala gestión anterior y de la herencia en déficit que manejan. "Los recortes son efecto de las desastrosas cuentas públicas que nos han dejado, y son los necesarios para garantizar el sistema nacional de salud que los socialistas han puesto en riesgo. La sanidad pública gratuita está garantizada en la Constitución Española, pero se han superado las líneas rojas en todos los apartados. Ya nos tocó reparar los daños en 1996 y ahora nos vuelve a tocar garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, algo que el partido socialista pone en peligro", se defendía la misnitra. 

También aprovechaba para pedir que no se sembrase inquietud en la población, ya que su pretensión es garantizar la estabilidad del sistema sanitario. Del mismo modo apuntaba que su cartera mantendrá la lucha por la igualdad efectiva, donde ya han aumentado un 16% el programa social de asistencia a mujeres maltratadas y siguen trabajando en los programas piloto sobre conciliación con los ayuntamientos. "Para alcanzar la auténtica igualdad hay q dedicarse menos a hablar y más a trabajar", sentenciaba la ministra.