Publicado: 29/10/2013 04:00
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no quiere más discrepancias a cuenta de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Por ello, ha enviado un escrito a los fiscales de sala, fiscales superiores y fiscales jefe de toda España con una orden clara: todos los dictámenes que elaboren a partir de ahora los representantes del Ministerio Público para mostrar su posición ante los tribunales sobre la más que previsible avalancha de solicitudes de excarcelación de reclusos afectados por la 'doctrina Parot' deberán pasar previamente por Madrid para ser revisados. El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, justifica la medida en la necesidad de "preservar la unidad de actuación y asegurar la necesaria coordinación" y se produce sólo 24 horas después de que el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, mostrará publicamente su discrepancia con la línea dura marcada por el propio Torres-Dulce y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La carta fue enviada dos días después de que el fiscal de la Audiencia Nacional apoyase la excarcelación de Inés del Río y sólo 24 horas más tarde de que el del País Vasco se desmarcara de la 'línea dura' marcada por Torres-Dulce y Gallardón
La carta, fecha el pasado 24 de octubre y con sello de salida a las 11:27 de ese mismo día, destaca que "los borradores de dictámenes que vayan a presentarse en los eventuales incidentes derivados de las solicitudes de aplicación de la doctrina establecida" en la sentencia del TEDH deben ser remitidos a la Fiscalía General del Estado a través de la Secretaría Técnica de la misma. De hecho, es el teniente fiscal que dirige esta última, José Miguel de la Rosa, quien firma la misiva. La misma va, además, acompañada "para su conocimiento" de "la traducción al castellano" del fallo de Estrasburgo que ha obligado a excarcelar a Inés del Río, la etarra que presentó el recurso ante la instancia judicial europea y que ha abierto la posibilidad a la puesta en libertad de decenas de terroristas y delincuentes peligrosos.
La orden de Torres-Dulce se produce dos días después de que el representante de la Fiscalía en la Audiencia Nacional apoyase la salida de la cárcel de la integrante del 'comando Madrid' y sólo 24 horas más tarde de que el máximo representante del Ministerio Público en el País Vasco realizara unas declaraciones a una emisora local en las que aseguraba que "hay que respetar el dolor de las víctimas pero hace falta cierta pedagogía jurídica en torno a la polémica sobre la anulación de la 'doctrina Parot'". En esa misma entrevista, Calparsoro afirmó también que la etarra Del Río era "una persona que, sin duda, fue asesina y terrorista pero ya no lo es".
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Esas declaraciones provocaron ese mismo día una llamada directa del fiscal general del Estado para reconvenirle por sus declaraciones y exigirle una rectificación. Horas después, la Fiscalía Superior de Justicia del País Vasco cedía a las presiones de Madrid y emitía una nota en la que Calparsoro mostraba su intención de "aclarar y rectificar" sus afirmaciones: "La Fiscalía siempre va a velar por la protección de las víctimas del terrorismo". Además, el representante del Ministerio Público en esta comunidad autónoma también corregía el contenido de sus declaraciones sobre la etarra liberada y mostraba su "absoluto rechazo a los horribles crímenes cometidos por los terroristas de ETA".
La misiva es interpretada como un gesto más del "nerviosismo" que se respira en la Fiscalía General del Estado a raíz del fallo de Estrasburgo
El tirón de orejas al representante de la Fiscalía en el País Vasco no ha sido, sin embargo, el único movimiento de Torres-Dulce para evitar discrepancias públicas en el seno de su departamento. De hecho, como adelantó ayer este diario, otras Fiscalías aseguran haber recibido llamadas similares por declaraciones en las que dejaban entrever su apoyo a la decisión de Estrasburgo y, por tanto, su rechazo a la 'doctrina Parot'. Las fuentes consultadas aseguran que en los últimos días se ha producido una auténtica llamada al orden por parte de Torres-Dulce dentro del clima de "nerviosismo" que se respira en el seno de la institución que dirige a raíz del fallo de Estrasburgo. La orden por escrito para revisar con lupa los futuros dictámenes es, de hecho, interpretada en este mismo sentido.
Con ella, por ejemplo, la Fiscalía General se asegura conocer de antemano el pronunciamiento de sus representantes en los tres tribunales que verán todos recursos de terroristas: la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. En la primera, la Sala de lo Penal ya fijó la semana pasada que todos los viernes, a partir del próximo 8 de noviembre analizará de modo individualizado las peticiones que ya ha recibido de miembros de ETA. Los 17 magistrados que la componen han dado un plazo de tres días a la Fiscalía para que exponga su criterio en cada uno de ellos. Tampoco les faltará trabajo a sus colegas de los dos altos tribunales, aunque en su caso aún no hay fecha para que estos órganos judiciales empiecen a ver los recursos. El Supremo tiene pendiente seis peticiones y el Constitucional, 23, pero ninguno de los dos tiene previsto reunirse en breve para analizarlos.
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