Permiso de 18 días al preso de ETA expulsado de la banda por enamorarse de una funcionaria

Nuevo permiso penitenciario por orden judicial a un preso de ETA arrepentido. El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, dictó el pasado 1 de agosto un auto por el concedía un permiso de 18 días a Jorge Uruñuela Mollinero, condenado a 16 años de cárcel en 2005 por quemar una sucursal bancaria y una concesionario de coches. Uruñuela fue expulsado del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (el EPPK en sus siglas en euskera) en enero 2010 después de firmar junto a otros internos críticos de la banda una carta en el que repudiaban la violencia y pedían perdón a las víctimas. Antes había protagonizado ya un distanciamiento con la organización terrorista al iniciar una relación sentimental con una funcionaria de prisiones en prácticas en la cárcel de El Dueso (Cantabria) donde estaba recluido. Este gesto fue muy criticado por el entorno etarra porque hasta entonces su novia era una joven que se había convertido en un símbolo para el mundo abertzale tras sufrir una accidente en una visita a prisión y quedar en coma durante semanas.

Al trascender la relación entre el etarra y la funcionario, Instituciones Penitenciarias cesó a la joven y trasladó de cárcel a Uruñuela Mollinero

La salida de prisión de Jorge Uruñuela se produce después de la Audiencia Nacional autorizara hace tres semanas también permisos de larga duración a otros cuatro presos etarras, todos ellos miembros de la banda que se acogieron a la llamada Vía Nanclares y que, por tanto, han rechazado públicamente la violencia, pedido perdón a las víctimas e iniciado el pago de las indemnizaciones civiles a las mismas. En este mismo periodo de tiempo, otro recluso de la organización terrorista y un condenado por los atentados del 11-M también han recibido autorizaciones para abandonar la cárcel, aunque por periodos más cortos de tiempo. Todas estas decisiones se producen tras un batalla jurídica entre el magistrado y la Fiscalía, que casi sistemáticamente se opone a estas medidas por orden del Gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de Uruñeula Mollinero no es el primer permiso que disfruta. Ya en 2010, cuando firmó la carta en la que repudiaba la actividad terrorista, recibió un permiso de tres días para que pasase las Navidades de aquel año con su familia. Desde entonces, su comportamiento dentro de la cárcel ha sido bueno y se ha integrado en las actividades ordinarias del centro, según fuentes penitenciarias.

No obstante, su caso alcanzó resonancia mediática cuando trascendió que su alejamiento de las directrices de la organización se había iniciado dos años antes, en 2008, y 'por amor'. A finales de ese año, Uruñuela inició su romance con una funcionaria de prisiones natural de León y que acababa de ser destinada en prácticas a la cárcel donde él estaba ingresado. Las normas del EPPK prohiben, expresamente, confraternizar con las personas que trabajan en las cárceles y, de hecho, obligan a sus miembros a que se agrupen, designen los abogados que les indican desde fuera y rechacen cualquier trabajo o actividad dentro de las prisiones, además de imponerles que respalden los ayunos y otros gestos de protesta que ordene el colectivo. Uruñuela, que ya había comenzado a apuntarse a cursos ofertados por la dirección de su cárcel, inició pese a ello su relación con la funcionaria, con la que le vieron en cierta ocasión en una situación que no dejaba dudas a lo que había entre ambos, según fuentes penitenciarias. Al tener conocimiento de lo que ocurría, Instituciones Penitencias cesó a la joven en las prácticas y, por tanto, nunca pudo adquirir la condición de funcionaria de prisiones. Él fue traslado a otra prisión más alejada del País Vasco.

Los permisos de julio 

El permiso de Uruñela Mollinero se suma a otras salidas 'de verano' de presos de ETA acordadas en las últimas semanas por la Audiencia Nacional. La primera fue concedida el pasado 7 de julio y el beneficiado fue Aitor Bores Gutierrez, que cumple condena por colocar dos artefactos explosivos. Siete días después, el juez De Castro dictaba de golpe tres autos más en el mismo sentido que afectaban a Luis María Carrascosa Aseguinoplaza (autor material de la muerte de un directivo de 'El Diario Vasco'), Jesús García Corporales (miembro del comando Madrid y condenado a 83 años de cárcel) y Carmen Guisasola Solozabal (quien llegó a ser la responsable de los comandos liberados de la banda y a la que la organización terrorista expulsó en 1998). Salvo el de Carrascosa, que era de seis días de duración, los otros dos y el de Bores se concedieron por 18 días. Finalmente, el 15 de julio se concedía uno a Kepa Picabea Ugalde (acusado de participar en más de veinte muertes). La duración, también 18 días. En aquellos ocho días del mes pasado, el juez también dio luz verde a un sexto, aunque en este caso fie un condenado por los atentados del 11-M, Antonio Toro Castro, quien pudo abandonar la cárcel durante cinco días.

Hace menos de un mes, el juez De Castro autorizó en sólo ocho días permisos de salida para cinco etarras y un condenado del 11-M

La decisión de conceder este elevado número de permisos a presos de ETA se produce en un momento en el que la Audiencia Nacional ha empezado a generalizar los permisos para los reclusos acogidos a la Vía Nanclares. De hecho, en lo que llevamos de 2014, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado trece a presos de ETA, incluido el de Uruñuela. El primero, fue el 20 de enero y el beneficiado, Ibón Echezarreta Echaniz, compañero de Carrasco Aseguinolaza en el comando Buruntza. Fueron seis días fuera de prisión. Al mes siguiente, quien accedió fue precisamente, Carrasco, quien pudo abandonar la cárcel durante cuatro días. En marzo, de nuevo ambos presos consiguieron que el juez diera luz verde a sendos permisos, en este caso de seis días cada uno. En mayo, les tocó el turno a Valentín Lasarte (con penas que suman los 340 años por su implicación en siete asesinatos), el histórico miembro de la banda Joseba Urrusolo Sistiaga y Rafael Caride, condenado, entre otros, por el atentado de Hipercor. En todos ellos, de seis días de duración.

Sin embargo, Urrusolo Sisitiaga vio cómo la última de estas salidas se truncaba repentinamente el pasado 17 de julio cuando un auto del juez de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional ordenaba suspender "el permiso concedido así como el resto de permisos pendientes" al histórico miembro de la banda. Detrás de la decisión del magistrado estaba el expediente abierto por Instituciones Penitenciarias al recluso después de que éste participara uno días antes, y precisamente durante un permiso, en un programa de la Cadena Ser. En su intervención, Urrusolo, que es uno de los 12 reos de la organización terrorista acogidos a la 'Vía Nanclares' de reinserción, dio muestras de su arrepentimiento al afirmar "me siento responsable de todas las víctimas, no sólo de las que he causado". Pese a ello, fue sancionado.

La oposición del Gobierno

Pese a este último suceso, con esta cadena de permisos parece romperse definitivamente la paralización en la que se había instalado la situación penitenciaria de los reclusos acogidos a la Vía Nanclares, quienes, en la mayoría de los casos, cumplen los requisitos que recoge la ley para empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios. Una paralización que, al llegar al poder al PP, no se vislumbraba. De hecho, en los primeros meses del Ejecutivo de Mariano Rajoy se concedieron tres terceros grados y algunos acercamientos. Sin embargo, tras la polémica por la excarcelación por enfermedad de Josu Uribetxeberría Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara, y las posteriores protestas de algunos colectivos de víctimas, Interior cambió bruscamente de estrategia y frenó en seco cualquier movimiento de presos de ETA, incluidos los que afectaban a los acogidos a la 'Vía Nanclares'.

En lo que llevamos de 2014, la Audiencia Nacional ha autorizado trece permisos ordinarios a presos de la banda armada. Todo ellos están acogidos a la 'Vía Nanclares'

Y así han seguido desde entonces los doce arrepentidos. De hecho, desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han denegado sistemáticamente los permisos y progresiones de grado que han solicitado estos reclusos. Por ello, el grupo optó hace meses por recurrir a los tribunales cada vez que se les negaban los beneficios penitenciarios a los que creen tener derecho... a veces con éxito. Así, en mayo de 2013 la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto en el que otorgaba un permiso de tres días de salida a uno de ellos, Valentín Lasarte. No obstante, este fallo judicial iba más allá ya que los cinco miembros de la sala, presididos por Fernando Grande-Marlaska, fijaron claramente los criterios legales que debían regir a partir de aquel momento para que aquellos presos que hubieran abandonado la violencia y reconocido el daño causado pudieran acceder a dichos beneficios.

Aquella decisión judicial fue recibida entonces con cierta esperanza por este colectivo, que esperaba que sirviera para poner de nuevo en movimiento la Vía Nanclares. Sin embargo, no ha sido finalmente así. Los presos que aspiran a un permiso sólo lo consiguen después de recurrir a la vía judicial. Así ha sido, de hecho, en el caso de los trece concedidos en lo que llevamos de 2014, incluido el Uruñuela. Mientras, el Gobierno sigue esgrimiendo el plan de reinserción que puso en marcha en mayo de 2012 para sustituir la 'Vía Nanclares' como único camino para conseguir acceder a los mismos. Plan al que durante más de dos años ningún recluso se ha acogido. Recientemente, el preso Asier Arronategi se convertía en el primero, y hasta ahora único conocido, tras firmar un acta notarial para rechazar la violencia. Ya se encuentra en libertad condicional.