Los ERT ocultaban sus movimientos con “teléfonos clandestinos”, lenguaje en clave y walkie talkies

Los CDR detenidos la semana pasada acusados de integrar un grupo terrorista llamado ERT revestían sus movimientos de estrictas medidas de seguridad, según recoge el juez en los autos por los que decretó el ingreso en prisión de siete de ellos. Para evitar el control de las fuerzas de seguridad utilizaban "teléfonos clandestinos", hablaban en clave o incluso empleaban walkie talkies.

"Las acciones realizadas por el ERT y documentadas por esta instrucción, han dotado de preparación y formación y medios a sus integrantes en cuanto al empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de Walkie talkies", dice el magistrado. El uso de walkie talkies permite a los investigados comunicarse de forma directa salvando la geolocalización de los teléfonos o el tráfico de llamadas.  

Estos y otros detalles no venían recogidos en los autos que el pasado jueves se facilitó a los abogados de los detenidos. Al estar la causa secreta, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se reservó partes de su redacción dejando en blanco algunos párrafos del documento entregado a los letrados.

Otra de las novedades hasta ahora es que no fueron dos, sino hasta cuatro los miembros del ERT que participaron en los disturbios ocasionados en febrero a la salida de la cárcel Lledoners de los líderes del procés cuando fueron trasladados a Madrid para asistir a las sesiones del juicio en el Tribunal Supremo. Hasta ahora se sabía que dos de ellos estaban siendo investigados en un Juzgado de Manresa por estos hechos donde la Generalitat de Cataluña ejerce la acusación.

Sin embargo había más, según ha detectado la Guardia, que investiga a este grupo desde hace más de un año. "El pasado día 01 de febrero de 2019, Guillem Xavier Duch Palau junto con otros tres miembros del ERT (Eduardo Garzón, Jordi Ros Sola y David Budria Altadill), participaron en un acto delictivo que consistió en el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid.

A juicio del juez y de los investigadores, esta acción "generó un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera".