Política

La ley da a Dolores Delgado la última palabra en caso de rebeldía de cualquier fiscal

El fiscal general del Estado en 2013, Eduardo Torres-Dulce, impuso al entonces jefe del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un cambio de criterio sobre los delitos que tenía que atribuir en el 'caso Faisán'

Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado
Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado Europa Press

La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico y su futura máxima representante Dolores Delgado tendrá la última palabra en cualquier caso de rebeldía de los fiscales. Es decir, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al fiscal general imponer su criterio a los fiscales del procés, del caso Villarejo o cualquier otra causa, algo que no hizo María José Segarra, la antecesora de la exministra de Justicia.

Así se demostró en 2013 en el denominado caso Faisán, en el que el entonces fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, impuso al integrante del ministerio público Carlos Bautista, y al entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un cambio en la acusación. Les obligó a imputar a varios policías un delito de colaboración con banda armada, cuando la opinión de estos dos últimos funcionarios era que debían ser acusados de revelación de secretos.

Precisamente, Javier Zaragoza es uno de los fiscales del Tribunal Supremo que acusó de rebelión a los condenados por el desafío soberanista catalán. Un criterio que difiere de la sedición promovida por el Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado, con Dolores Delgado de ministra.

La última palabra

La primacía del fiscal general se consagra en los artículos 25, 26 y 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Estos preceptos legales otorgarán a la exministra de Justicia la última palabra en el caso de que cualquier fiscal discrepe de sus órdenes.

Así, el artículo 25 del Estatuto del ministerio público especifica: "El fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".

El mismo artículo finaliza su redacción destacando que cualquier fiscal que reciba "una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes".

Dar instrucciones

El siguiente artículo, el 26, establece que Delgado también podrá dar a cualquier fiscal las "instrucciones que estime oportunas". Además, la futura fiscal general "podrá designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales". Fuentes de la carrera fiscal apuntan incluso que la ley permitiría que Delgado sustituyera ella misma a cualquier fiscal.

Dolores Delgado
Dolores Delgado EFE

No obstante, en el caso de que un fiscal considere que una orden o instrucción es contraria a la ley, el artículo 27 del Estatuto Orgánico permite al funcionario 'rebelde' acudir a la junta de fiscales para plantear su queja. Sin embargo, la última palabra la tendría Dolores Delgado: "Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala", completa el Estatuto.

El artículo 27 pone de manifiesto que si Delgado se ratificase en sus instrucciones, para cumplir la ley únicamente tendría que redactar un documento "razonado" que exonerara de responsabilidades al fiscal discrepante, que incluso podría ser relevado de esa causa.

Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
Javier Zaragoza y Fidel Cadena.

Fuentes consultadas por Europa Press ponen de manifiesto que magistrados del Tribunal Supremo auguran futuros enfrentamientos de Delgado con los denominados 'indomables' -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno-, los fiscales que actuaron en el juicio del procés defendiendo a capa y espada su criterio inicial de acusar por rebelión.

También se opusieron con dureza a cualquier salida de prisión de los condenados, incluso tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la condición de europarlamentario del líder de ERC en prisión Oriol Junqueras.

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