La aplicación del 'fallo Parot' pasa factura a Gallardón: su crédito entre las víctimas cae en picado

El caso de la doctrina Parot se está volviendo contra el PP como si fuera un boomerang. Las acusaciones que desde el Gobierno se lanzaron contra el magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, propuesto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se ven ahora solapadas por críticas a su gestión. La aplicación del polémico fallo de Estrasburgo no está siendo la esperada y un sector de las víctimas ya apunta directamente hacia el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El enésimo frente se abre al exalcalde de Madrid, cuyo nombre figura desde hace tiempo en los primeros puestos de salida ante una eventual crisis de Gobierno.

Según las víctimas consultadas por este diario, tanto antes como después de producirse el fallo favorable a la presa etarra Inés del Río, el Ejecutivo se comprometió a actuar con cautela y buscar los mecanismos jurídicos necesarios para dilatar su aplicación y evitar excarcelaciones en masa. Sin embargo, las mismas fuentes denuncian que esto no se ha producido: “Estamos asistiendo a un goteo incesante de asesinos saliendo de las prisiones”, lamentan.

En este sentido, personalizan el problema en Ruiz-Gallardón y afirman que él dio su palabra de que el Gobierno velaría por que el Ministerio Fiscal llevase a cabo “caso por caso” revisiones “profundas” de las posibles liberaciones de etarras y violadores a los que afectaba el fallo Parot. A juicio de las víctimas sondeadas, esta promesa del ministro no se ha cumplido, pues la Fiscalía ha informado con “sorprendente diligencia”. “Y además --añaden-- tampoco se ha opuesto a estas excarcelaciones exprés”, recalcan.

“Desde que en 2009 la defensa de la etarra Inés del Río llevó el caso a Estrasburgo, se tendría que haber ido preparando a las víctimas para cualquier fallo”, sostiene Manrique

En paralelo, también hay un hondo malestar con la forma de actuar del Ejecutivo en los meses previos a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según señala Roberto Manrique, víctima del atentado del Hipercor de Barcelona, ha habido una “falta de pedagogía y de preparación tanto por parte de la Administración como por las asociaciones que no han contactado prioritariamente con las víctimas” para informales de lo que se avecinaba y de los pasos a seguir.

“Desde que en 2009 la defensa de la etarra Inés del Río llevó el caso a Estrasburgo, se tendría que haber ido preparando a las víctimas para cualquier fallo. Y no se ha hecho”, subraya. No obstante, Manrique, que ha visto cómo salía estos días de prisión Domingo Troitiño, autor de la masacre del Hipercor, entiende que la ley hay que acatarla.

Prueba de que el eco de la indignación de las víctimas ha llegado a Génova fueron las declaraciones este viernes de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Durante la Convención Nacional de Nuevas Generaciones, Cospedal se vio obligada a salir en defensa del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante las críticas lanzadas por quienes consideran que podría haber movido más hilos para no asistir a estas excarcelaciones. “El Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer para evitar esa sentencia que tanto nos ha alarmado y que tan indignados nos tiene a todos”, enfatizó la número dos del PP.

A continuación, la dirigente popular se mostró convencida de que en 2014 estará aprobada la reforma del Código Penal que incluye la prisión permanente revisable, de forma que “tribunales de fuera de España no vengan a cambiar lo que ha sido una jurisprudencia del Tribunal Supremo”, concluyó.

"Populismo punitivo"

Precisamente, en contra de esta reforma y su inclusión de la prisión permanente revisable (llamada coloquialmente “cadena perpetua”) se pronunció este viernes el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que participó en un coloquio de los XV Encuentros de Jurídico-Penitenciarios organizadois por el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación.

Gómez Bermúdez coincidió con la otra ponente, Amaia Izko, destacada dirigente de Sortu y abogada de Inés del Río, en que la prisión permanente revisable es “un ejercicio de populismo punitivo”. Asimismo, el magistrado, considerado uno de los padres de la doctrina Parot, abogó por aplicar de manera "inmediata" la sentencia de Estrasburgo.