España

Denuncian a la abogada de la Junta de Andalucía por el archivo del fraude de la formación en Huelva

El juez cerró el caso contra su propio criterio porque tanto la letrada de la Administración como la Fiscalía retiraron sus acusaciones

Susana Díaz.
Susana Díaz.

El juez de Instrucción número 5 de Huelva archivó, contra su propio criterio, el caso del fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia onubense. El magistrado adujo que no podía seguir con la causa porque los letrados de la propia Junta y la Fiscalía se retiraban de la acusación.

Ahora la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) ha decidido denunciar tanto al fiscal como a la letrada de la Administración. El abogado presidente de la asociación, Francisco José Sánchez Ramón, ha presentado un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el sobreseimiento el pasado 2 de julio del procedimiento sobre presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de las ayudas por parte de altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo en dicha provincia.

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la denuncia va "contra el fiscal interviniente en la causa, el fiscal jefe de Huelva, la letrada de la Junta de Andalucía interviniente y cualquier órgano político o funcionario de la Junta que hubiera ordenado a ésta la solicitud de sobreseimiento" del caso por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

La Fiscalía, que avaló las imputaciones durante todo el proceso, cambió de opinión en el último trámite procesal antes de la apertura de juicio oral

El juez titular, Javier Romero Jiménez, archivó el caso de la formación en Huelva contra su voluntad, ya que en su auto mantiene que existen indicios suficientes de los delitos ya mencionados. Romero ya arremetió duramente contra los abogados de la Junta y contra la Fiscalía cuando retiraron las acusaciones, lo cual ha impedido proseguir con la causa. La Fiscalía, que avaló las imputaciones durante todo el proceso, cambió de opinión en el último trámite procesal antes de la apertura de juicio oral.

Entre los imputados figuraba el ex delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, pero finalmente el Ministerio Público pasó de pedir el procesamiento a solicitar el archivo de la causa, y de considerar que había delito a apreciar sólo irregularidades.

2.000 euros en pimentón y botellas de ron Legendario

El juez recuerda que se inflaron facturas, llegándose a pagar 2.000 euros en pimentón y paquetes de folios a 50 euros. Además, afirma que lo ocurrido con la gestión de los cursos en la Junta sería "impensable en una empresa privada" e "inasumible para cualquier economía doméstica".

En su resolución, recuerda que durante la instrucción se abrieron diez piezas separadas, una por cada una de las distintas empresas beneficiarias de las subvenciones investigadas, "estando cada una de las piezas íntimamente ligadas con la presente causa principal". De tal forma, que el archivo de la pieza principal conlleva el archivo también de las otras diez, con la única excepción de la que afecta a la empresa 'El Paraíso', en la que estaban siendo investigados un exalcalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, y dos de sus sobrinos, quienes regentaban un restaurante que también tuvo acceso a las ayudas de formación.

Sigue abierta una pieza que afecta al exalcalde de Punta Umbría y a dos de sus sobrinos, quienes regentaban un restaurante que recibió ayudas para la formación

La empresa de Rodríguez Nevado recibió en ayudas más de un millón de euros. Entre las facturas presentadas en su día para justificar esas subvenciones se incluyeron gastos para la compra de 20 muñecas de comunión «de lujo», 80 kilos de pez espada y al menos 24 botellas de ron Legendario de 7 años.

El magistrado ya arremetió duramente contra los abogados de la Junta y contra la Fiscalía cuando retiraron las acusaciones, lo cual ha impedido proseguir con la causa. El juez llegó a manifestar que había indicios más que suficientes para investigar las supuestas ilegalidades en la concesión y tramitación de las subvenciones a las empresas que se encargaban de formar a los parados en dicha provincia



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