Caso Púnica Un empresario confiesa que una empresa de ‘Púnica’ enmascaró las mordidas en su plan de negocios

El directivo de Cofely Pedro García ha reconocido que la empresa de eficiencia energética Cofely, que se adjudicó contratos municipales por 170 millones, pagó sobornos en 11 ayuntamientos implicados en la trama dirigida por Francisco Granados

David Marjaliza (d) en la Audiencia Nacional
David Marjaliza (d) en la Audiencia Nacional Mariscal

El directivo de Cofely Pedro García ha confesado que la empresa de eficiencia energética pagó mordidas en 11 ayuntamientos, según han asegurado a Vozpópuli fuentes presentes en la declaración celebrada la noche del miércoles ante el juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Púnica', Manuel García-Castellón.

De esta forma, uno de los principales imputados en el procedimiento que investiga la trama liderada por el ex secretario general del PP Francisco Granados, ha acabado confirmando la acusación de las fiscales de Anticorrupción. Con la confesión del también directivo de Cofely José Antonio Hernández, ya son tres los implicados en la 'Púnica' que han admitido la existencia de una trama en instituciones públicas.

Pedro García, que permaneció en prisión varias semanas, sigue la estela del principal arrepentido de la trama, David Marjaliza, y ha relatado a las fiscales del caso que la firma Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez y una de las más beneficiadas de la actividad de la trama con 170 millones de ingresos, llegó a enmascarar sus mordidas en su ‘bussines plan’ (plan de negocios).

Dentro de estas partidas, los empresarios de Cofely crearon otras tres, que también servían para abonar las comisiones ilegales a los políticos de los Consistorios implicados, principalmente del PP pero también del PSOE. Las llamaron ‘Success Fee’ (tasa de éxito), ‘Project management’ (administración de proyectos) y ‘Auditorías’. De esta forma, ocultaban los pagos ilegales en su contabilidad.

Móstoles, Parla y Villalba

Pedro García, cuya declaración seguirá el viernes, aludió en concreto a tres ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que habrían abonado las comisiones ilegales: Móstoles, Parla y Collado Villalba. También se refirió a Almendralejo (Badajoz), aunque en este Consistorio no especificó su 'modus operandi'.

Según las fuentes consultadas, Cofely acudía a los ayuntamientos captados por los diferentes 'conseguidores'. Entre estos intermediarios Pedro García ha destacado a David Marjaliza, quién no sólo realizaba esta labor, sino que también se encargaba de realizar los pagos a los políticos implicados en los acuerdos presuntamente ilegales.

Sin embargo, el imputado no ha aludido a la actividad de Francisco Granados, el presunto cabecilla de la trama, ni a José Antonio Alonso Conesa, el intermediario que presuntamente se encargaba de las negociaciones con los Ayuntamientos dirigidos por alcaldes socialistas.

Receptores de dinero

También ha declarado que el ex jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego era uno de los receptores de dinero, y ha añadido que supone que las comisiones irían a parar a sus jefes, según informa Efe.

Respecto a Parla, Marjaliza afirmó al juez que el exalcalde José María Fraile (PSOE) se llevó 500.000 euros y el de Collado Villalba Agustín Juárez (PP) algo más de 200.000 euros. Sin embargo, el directivo de Cofely no ha recordado en su declaración ante el juez García-Castellón las sumas exactas de esas comisiones.

En todo caso, García ha negado que él se llevase ningún porcentaje de esas comisiones y se ha quejado de que había Ayuntamientos que pedían mucho dinero a cambio de adjudicaciones.

Comisiones en Móstoles

En el caso de Villalba, ha dicho que el conseguidor no fue Marjaliza, sino otra persona, y en cuanto a Móstoles ha indicado que no se llegaron a pagar la totalidad de las comisiones porque estalló el 'caso Púnica' a finales de 2014.

En Móstoles, se investiga un supuesto concierto urdido entre el exalcalde Daniel Ortiz, García y otro directivo de Cofely que declarará este jueves a petición propia, Constantino Álvarez de la Cueva, que podría convertirse en el cuarto arrepentido de la 'Púnica'.

El contrato que se licitó en Móstoles de suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales ascendió a 75 millones de euros y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato.



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