"Si lo puedes hacer, ¿cuánto puede costar? Tengo juicio el miércoles"

La Operación Pitiusa, el mayor golpe policial dado hasta ahora en España a una red de traficantes de datos, ya salpica a los clientes de la misma, algunos muy conocidos. Uno de ellos es el conocido despacho de abogados Cuatrecasas, uno de cuyos socios, Javier Ll. B., declaró el pasado 16 de mayo como imputado ante los responsables de la investigación para que aclarase su relación con una de las principales implicadas en la trama, la detective Sara Dioniso García. Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado del célebre bufete pidió a la investigadora privada datos sobre una furgoneta para poder utilizarlos en un juicio que iba a tener unos días después contra el conductor de la misma. En su declaración, el abogado llega a reconocer que recibió de ésta un email en el que le señalaba que "el coste por los servicios" estaba entre los 400 y los 500 euros.

En su declaración ante la Policía, el abogado se escudó en que no era "consciente" de la ilicitud de los datos que pidió

La Policía comenzó a investigar la posible existencia de la que finalmente se ha demostrado una basta red de traficos de datos en mayo del año pasado, tras detectar que un policía local de Santa María de Palautordera (Barcelona) se dedicaba presuntamente a vender datos de matrículas de coches e información reservada de personas. De aquel hilo, los investigadores tiraron hasta desentrañar una amplia madeja que abarcaba toda España y que implicaba a cerca de 150 personas, la mayoría de ellos detectives privados, pero también funcionarios, miembros de las Fuerzas de Seguridad e, incluso, colaboradores del CNI. Uno de los arrestados fue Sara Dionisio, propietaria y directora de Strategia, autodefinida como Empresa de Investigación Privada e Inteligencia Empresarial con sede en Barcelona, y que, según el sumari,o era una de las supuestas integrantes de la trama más activas. De hecho, es el pinchazo de su teléfono el que permitió a los investigadores grabar el 8 de septiembre del año pasado una conversación entre ella y el abogado de Cuatrecasas. La llamada se produjo sobre las siete y veinte de la tarde y en ella ambos mantienen el siguiente diálogo, según recoge textualmente el sumario:

Javier: Yo no sé, si tú puedes hacer, si lo puedes conseguir o no... si lo puedes hacer, cuánto puede costar... Si esto es muy difícil o es muy fácil. Tengo un juicio el miércoles y debería saber si es posible... Si te doy un nombre y un DNI... si tu puedes saber los vehículos que ha tenido este señor.

Sara: Sí, sí, aparte esto lo consigo rápido.

Javier: Puedo saber lo vehículos... no, sólo necesito el vehículo, necesito saber la tara de ese vehículo, es un tema de transportismo... ¿El permiso de circulación lo puedes conseguir?.. El papelito... Yo si voy a Tráfico, ¿no lo puedo pedir? Yo lo que tengo que saber... es un transportista... antes de la furgoneta que tiene... que fugoneta tenía... si esa furgoneta tiene una tara máxima determinada o no.

Sara: Javier, porque no hacermos una cosa. Me pasas los datos y como todo esto es por fuentes policiales... Llamo a un contacto, le digo hasta dónde me va a poder conseguir... y ya hablamos.

Javier: No puedo ni aportar la documentación, con saber el dato... Te envío un email... Dime cuánto te costaría, por favor, cuánto.

Sara: Sí, envíame un email con todo esto y yo lo voy consultado.. te lo enviaré mañana.

La Policía comenzó a detener a los presuntos integrantes de la trama el pasado 7 de mayo, a los que clasificó en los informes que remitió al juez en informadores, intermediarios, colaboradores y detectives según su implicación en la misma. A los clientes también los distinguió en dos grupos. Uno, los que contrataban un servicio de investigación privada y eran ajenos a los métodos ilegales que supuestamente utilizaban los arrestados. A ellos sólo los ha citado como testigos. El segundo grupo era el que formaban los que sí eran conscientes de la utilización de métodos ilegales para obtener los datos que pedían. Tras escuchar la conversación, los investigadores consideraron que el socio de Cuatrecasas pertenecía a este último y once dìas después de comenzar los arrestos lo citaron a declarar como imputado en las dependencias que la Brigada Provincial tiene en Barcelona.

"Tres o cuatro trabajos"

Durante el interrogatorio de 45 minutos, el abogado reconoció ser "abogado laboralista" del despacho Cuatrecasas, del que afirmó ser socio también, y que su especialidad era la "negociación colectiva, contratación y problemática de los altos directivos, así como en aspectos de índole laboral y de seguridad social". Los responsables de la pesquisas le preguntaron por su "relación" con Sara Dionisio que él reconoció, aunque redujo su intensidad a "tres o cuatros" trabajos. "Fundamentalmente presta servicios de seguimientos en relación a intereses de clientes", añadió el letrado.

Sin embargo, el letrado negó en todo momento que la detective le hubiera poroporcionado datos de carácter personal como cuentas bancarias o información de la Seguridad Social e, incluso, afirmó que no conocía a nadie que pudiera facilitarle ese tipo de información. Cuando los policías le interrogaron, en concreto, por la conversación telefónica grabada, el letrado se refugió en que no recordaba dicho diálogo ni qué datos le había facilitado. Al leerle los agentes el contenido literal de la grabación, Javier Ll. confirmó haber recibido un email de Sara Dionisio en el que le pedía "alrededor de 400 ó 500 euros" por "los servicios", aunque aseguró que aún no se le había pagado. El abogado afirmó que, finalmente, no utilizó lo datos en el juicio porque no los necesitó, y negó ser "consciente" de la forma ilícita como habían sido obtenidos.

El socio de Cuatrecases terminó su comparecencia ante los agentes recalcando que nunca tuvo intención "de conseguir ninguna información ni solicitarla de manera ilegal" y destacó que contrataba a la investigadora privada para que esta realizada su trabajo "de manera legal y lícita". Vozpópuli se puso ayer en contacto con Javier Ll., quien se reafirmó en su declaración ante la Policía. "No tengo nada que ver con esa trama", aseguró mientras insistía que su relación con la detective era "estrictamente profesional". Cuando este diario le interrogó por la cantidad que supuestamente se le iba a pagar a ésta, el socio de Cuatrecasas se limitó a decir que eso era únicamente "un presupuesto".

Otros abogados 'clientes'

La imputación del socio del bufete catalán en el sumario de la Operación Pitiusa no es, sin embargo, la única de un letrado. De hecho, en los últimos días diferentes medios han revelado la presunta implicación de José Luis B. M., abogado al servicio de la sociedad suiza Dupont, de Francisco Javier A. P., titular de un despacho que lleva los intereses legales de la empresa Unilever, salpicada en la investigación supuestamente ilegal de uno de sus empleados; y de Luis A.A., titular de un estudio jurídico de Barcelona relacionado con uno de los cabecillas de la trama. También tuvo que acudir a declarar como imputado un abogado matrimonialista, Ramón T. P., quien supuestamente contacto con Sara Dionisio para conseguir la vida laboral de una persona. A este letrado, la Policía siguió el mismo formato de interrogatorio que con el socio de Cuatrecasas: tras preguntarle por su relación con la detective y si conocía "sus métodos de trabajo", los agentes le leyeron el contenido de una conversación telefónica grabada el 8 de septiembre del año pasado:

Ramón: Una pregunta sólo. Con DNI y el nombre de una persona... ¿podemos saber la vida laboral y si está dada de alta en la Seguridad Social? ¿Qué nos cobran por esto? Vale OK... muchas gracias, Sara.

Sara: Sí, sí, es bastante rápido también... en torno a los 250 y los 300.

El abogado matrimonialista reconoció entonces que, tal vez, sí pudo pedir estos datos confidenciales, aunque lo justificó en que dicha información se suele utilizar para renegociar la pensión que le pasa un marido a su mujer o un padre a su hijo en los procesos de divorcio. Eso sí, el letrado aseguró que "en ningún caso" su despacho pagaba el coste de la gestión. Se amparó en que "es el cliente quien contrata el detective" y que su participación es, simplemente, por 'delegación'.