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España

Las empresas eliminarán millones de vales de comida por las nuevas cotizaciones

El Gobierno apobó un Real Decreto Ley que obliga a cotizar por ayudas hasta ahora exentas, entre ellas los vales de comida

Los empresarios españoles están indignados con la última 'puñalada' que les ha atestado Fátima Báñez, ministra de Empleo. El pasado 22 de diciembre el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que obliga a cotizar por ayudas que hasta la fecha estaban exentas. Desde enero las empresas tendrán que cotizar por el transporte, los vales de comida, las ayudas de guardería, los seguros médicos privados…

Tomás Gutiérrez, presidente de la asociación de Hosteleros de La Viña de Madrid, cree que esta medida va a costar en transporte 40 euros por empleado al mes y pone en peligro 5.000 establecimientos de Madrid, Barcelona y Valencia que viven de estos vales de comida. 

El representante de una de las grandes patronales españolas dijo a Vozpópuli que el Gobierno aprovechando la desmovilización de Navidad "nos ha dado una puñalada con esta nueva normativa aprobada a traición". Se quejan de no haber sido consultados. “Las empresas han hecho sus números y están bastantes ajustados y los presupuestos están hechos desde hace meses y de pronto el Gobierno se inventa grabar unas cotizaciones que van a suponer un grave perjuicio para todos”, afirmaba este representante de una asociación patronal.

El sector hostelero cree que muchas empresas van a optar en las nuevas negociaciones por cargarse estos vales, lo que supondría una pérdida de 275.000 clientes, según fuentes empresariales

El caso que afecta a más empresas es el de los llamados 'vales de comida'. El sector hostelero cree que muchas empresas van a optar en las nuevas negociaciones por cargarse estos vales, lo que supondría una pérdida, según fuentes empresariales, de 275.000 clientes. La facturación de los restaurantes que viven de estos vales se puede ver afectada en 498 millones de euros y se pueden perder 10.000 puestos de trabajo.

Otro representante empresarial dijo, comentando la medida, que miles de trabajadores van a optar por traerse la tartera de casa, por lo que "nos vamos a ver obligados a poner un espacio para que puedan comer en el trabajo". La Federación de Empresarios de Hostelería y Restauración cree que los pluses y complementos de manutención, así como otros incluidos en los convenios, pueden suponer hasta un 10-12% de incremento de las bases de cotización en muchas empresas.

Enfado en asociaciones empresariales y patronal

CEIM, CEOE, CEPYME y asociaciones empresariales varias muestran su rechazo a la medida por considerarla contraproducente y contraria a la creación de empleo y la recuperación

Los empresarios de restaurantes creen que la reforma supone “un incremento de la presión fiscal sin precedentes” y creen que es contraproducente en unos momentos en los que tímidamente se ve algo de mejoría. El propio presidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, aseguró la pasada semana que la medida va a suponer un frenazo a la creación de empleo y a la recuperación. La propia CEOE considera que la medida aprobada supone “aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, que eso son, y no salario directo, conllevando un castigo con fines recaudatorios con el que no estamos de acuerdo”.

El enfado  de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME) es mayúsculo y creen también que la medida ataca a la recuperación de pymes y autónomos. Pero la respuesta más dura ha venido de las asociaciones empresariales Aspel (servicios, con 134.000 empleados); Aproser (seguridad, con 100.000); Aseja (jardines, 20.000) y Ami (mantenimiento y energía, con 25.000 empleados), que creen que supondrá un 2% de subida en los costes laborales. Creen que la pérdida de 100.000 trabajadores en este sector se puede ver “aumentada” de forma importante como consecuencia de “esta inesperada y sorprendente medida”.

Para algunas de las empresas que forman parte de esas asociaciones la medida va a suponer un incremento de gasto de seis millones de euros que no tenían presupuestados. Además, los trabajadores deberán incluir las retribuciones en sus declaraciones del IRPF, lo que hará en algunos casos aumentar la cantidad que deben pagar a Hacienda.

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