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España

Gürtel: Crespo acusa a Anticorrupción de ocultar quién del PP ordenó cobrar con facturas falsas

El presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo

El considerado 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha culpado este martes a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones de que no hayan investigado quién del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) ordenó a empresarios pagar a través de facturas falsas la organización de actos electorales en 2007 y 2008 que la formación política contrató con la empresa de la red corrupta Orange Market.

Así lo ha expuesto Margarita Crespo, abogada e hija de Pablo Crespo, durante su exposición del informe de conclusiones en el juicio por la presunta financiación irregular del PP liderado por el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps durante las campañas para la elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

La defensa de Crespo, que ha pedido su absolución, ha resaltado que ninguna acusación en este procedimiento, es decir, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni la acción popular ejercida por el PSOE valenciano ha mostrado "interés alguno por indagar" quién del PPCV pidió a los empresarios que sufragasen su deuda con Orange Market, "y a cambio de qué favores". "Y nos quedaremos sin saberlo", ha añadido.

Margarita Crespo ha responsabilizado a los empresarios de financiar irregularmente al PP de Camps durante las campañas electorales porque es el partido el que les pide que se "utilice la mecánica defraudatoria" y ellos "acceden voluntariamente"

Para la abogada, nueve patronos valencianos han llegado a una conformidad con Anticorrupción "a cambio de no hablar de lo que es de verdad corrupción". Algo que supone "discriminatorio" para el 'número dos' de la Gürtel porque, según ha dicho, "ha hecho un esfuerzo mayor" y ha colaborado durante todo el procedimiento "en la medida que ha podido" para luego no verse beneficiado por parte de la acusación con la posibilidad de que se le aplique una atenuante.

"Acceden voluntariamente" a financiar al PP

Es más, Margarita Crespo ha responsabilizado a los empresarios de financiar irregularmente al PP de Camps durante las campañas electorales porque es el partido el que les pide que se "utilice la mecánica defraudatoria" y ellos "acceden voluntariamente". "Eso define cuál es comportamiento de unos y de otros", ha dicho descartando a los trabajadores de Orange Market de esta manera de actuar.

Asimismo, ha enfatizado que ha quedado comprobado que todos los actos que facturó Orange Market eran "reales" y que los empresarios sufragaron la deuda que tenían los 'populares' valencianos con la empresa de Correa.

Por otro lado, el abogado de Correa, Javier Iglesias, ha mostrado su "plena conformidad" con las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, salvo con los años de prisión que solicita por el delito de falsedad documental. El Ministerio Público ha modificado su petición de pena para el 'cabecilla' de la trama Gürtel atendiendo a la aplicación de atenuante de confesión y de reparación de daños, por lo que ha rebajado de 22 años a siete años y tres meses de cárcel.

Si bien, el letrado ha instado al juez a que no condene a su defendido a una pena mayor a la que sea impuesta a los nueve empresarios que han pactado con la Fiscalía penas que oscilan entre 15 y 21 meses, que serán finalmente sustituidas por multas, ya que el "ánimo de colaboración" ha sido el mismo y ha reparado el "100 por 100" del daño causado.

El abogado del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', también se ha quejado de que a este acusado no se le haya reconocido tampoco su confesión durante la vista oral

De hecho, el juez Vázquez Honrubia ha comunicado durante la sesión de este martes que los 2,2 millones que pidió el líder de la Gürtel que fuesen desbloqueados de sus cuentas en Suiza para hacer efectiva la indemnización por la defraudación tributaria cometida por Orange Market han sido ingresados en la cuenta de la Hacienda.

Confesión de los hechos

Además, la defensa de Correa ha continuado diciendo que también le "llama la atención" que estos empresarios a los que también se les tiene en cuenta su confesión en ningún momento, ni en el escrito de conformidad con el Ministerio Público, ni durante la vista oral han mencionado quién le ordenó "participar en la trama".

Por último, Javier Vasallo, abogado del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', también se ha quejado de que a este acusado no se le haya reconocido tampoco su confesión durante la vista oral. En este sentido, ha explicado que a Correa se le concede este beneficio por revelar datos que le comunicó anteriormente 'El Bigotes', y así lo reconoció en su declaración.

Es más, ha subrayado que fue su defendido quien apuntó directamente a Camps como responsable de la caja 'b' del PPCV. "Nos estamos cargando a los mensajeros, al correveidile, y beneficiando a la gente que estimamos oportuno", ha afirmado y ha continuado diciendo que este procedimiento ya ha salido "rentable" porque los empresarios que pactaron han pagado sus multas y Correa ha aportado otros 2,2 millones.

Correa, Crespo y Pérez llevan desde el 14 de febrero de 2017 en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

"Casualidad" de la sentencia del TS

Vasallo ha comenzado su informe denunciando la "casualidad" de que este mismo martes, después de que la fiscal Myriam Segura haya terminado de informar sobre sus conclusiones, el Tribunal Supremo haya dado a conocer su sentencia en la que confirma las condenas de hasta 13 años de prisión de los líderes de la Gürtel por los amaños en Fitur, de la cuál se ha enterado por los medios de comunicación.

Correa, Crespo y Pérez llevan desde el 14 de febrero de 2017 en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ahora firme por el Tribunal Supremo, por participar en el amaño contratos entre la Generalitat valenciana y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009. Se encuentran a la espera de conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades (1999-2005) de la red corrupta.

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