Tráfico de drogas

Corrupción policial: el fiscal pide 20 años para un subinspector de policía que lideraba una banda que distribuía cocaína en Madrid

Entraba en los ordenadores de la Policía y Guardia Civil para conocer los movimientos contra el grupo de colombianos que traía cientos de kilos de droga con varios métodos a Barajas

Agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid
Agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid EFE

El corredor del Henares se convirtió hace unos años en el eje de la distribución de la cocaína en la Comunidad de Madrid. Un agente de la Policía Nacional lideraba, junto a un ciudadano colombiano, la red de tráfico y distribución de esta droga.

Los agentes detuvieron, en la llamada ‘Operación Rosales’, en 2008 a un total de 37 personas entre las que figuraban un buen número de empleados del Aeropuerto de Barajas.

Uno de los detenidos fue Antonio Márquez Peña, un subinspector de la Policía Nacional que trabajaba en la comisaría de Torrejón, muy cerca de Coslada. El juicio contra este funcionario y una banda de colombianos comienza este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. En una sala cercana se sigue la causa contra otro implicado en una red de corrupción policial, la que juzga a Ginés Jiménez, exjefe de Policía de Coslada.

Márquez estaba casado con una mujer que a su vez era amiga de José María Carmona, colombiano conocido como ‘El Coletas’ líder de una organización que se dedicaba a traer drogas a Madrid, especialmente cocaína, desde aeropuertos de Sudamérica.

La banda actuaba en el Aeropuerto de Barajas y utilizaba diferentes medios para distraer paquetes y maletas que venían desde los países productores.

La Policía sospecha, y así consta en las conclusiones del fiscal, que la banda venía trabajando desde hace años. Sin embargo, no fue hasta el año 2008 cuando los agentes lograron desmantelar esa red de tráfico de drogas que utilizaba un bar y una discoteca para distribuir su mercancía.

'Contratación' de empleados de Barajas

La banda utilizaba varios sistemas para introducir la cocaína en España. El primero era ‘contratar’ a empleados del aeropuerto de los que descargaban los equipajes de aviones de Air Comet para desviar los bultos y que no llegaran a los agentes de aduanas y sí a sus almacenes de Torrejón.

Una vez descubierto este sistema, optaron por hacer envíos con una compañía de paquetería y ‘contratar’ igualmente al empleado que recibía los bultos. El tercer modo era sacando las maletas en tránsito que iban destinadas a otros aeropuertos y que ya tenían marcadas.

El subinspector de Policía, y su mujer, participaban accionarialmente en los establecimientos desde los que se distribuida la mercancía y además realizaba trabajos de información y protección para la banda.

Avisó en una ocasión al ‘Coletas’ que debía abandonar un bar tras una pelea porque la policía se dirigía al establecimiento

Utilizaba las aplicaciones de la Policía y la Guardia Civil para “proteger a los miembros del grupo o darles a conocer información de relevante interés policial y judicial que no debía haber puesto en conocimiento de los traficantes”, según el fiscal.

Consultaba también las matrículas de los coches policiales de Asuntos Internos que vigilaban el establecimiento donde se trataba la mercancía. Igualmente avisó en una ocasión al ‘Coletas’ que debía abandonar un bar tras una pelea porque la policía se dirigía al establecimiento. El ‘Coletas’ estaba en busca y captura por no haberse presentado a cumplir una pena de cuatro años y seis meses por haber encargado un asesinato.

Los delitos

El Ministerio Público atribuye a los acusados delitos continuados contra la salud pública, un delito de encubrimiento, un delito continuado de revelación de secretos, un delito de infidelidad en la custodia de documentos y dos delitos de falsedad documental.

Para el líder de la organización, Jesús María Carmona, pide 16 años y seis meses, mientras que para el subinspector solicita una pena de 20 años de prisión, al considerarlo como uno de los miembros que lideraba la banda.

En conjunto, la petición del fiscal para los quince procesados asciende a una total de 175 años de prisión.



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