El Gobierno pide al Constitucional que advierta a Mas y Forcadell de su posible suspensión

Si Artur Mas y Carme Forcadell están dispuestos a desoír al Tribunal Constitucional, el Gobierno quiere que este órgano les advierta previamente de que pueden cometer un delito de desobediencia a los mandatos judiciales que les podría acarrear la suspensión de sus funciones. Así consta en el recurso de inconstitucionalidad que la abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado este mediodía en el tribunal de garantías, en representación del Gobierno, contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña.

En él, entre otras cuestiones, el Ejecutivo pide al Pleno del Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones.

En el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los servicios jurídicos del Gobierno solicitan al TC -que se reunirá este miércoles a partir de las 16:30 horas para admitir a trámite el recurso- que su providencia con la suspensión de la resolución soberanista se notifique de forma directa Mas y a Forcadell "bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.4 b de la LOTC, así como de procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento".

El Gobierno pide que notifique de forma expresa Mas y a Forcadell la providencia del TC "bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones" en caso de incumplimiento

De la misma forma, el Ejecutivo pide al guardián de la Constitución que notifique a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa de la Cámara Autonómica y al secretario general del Parlamento catalán "la prohibición expresa de promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación" encaminada a proclamar la independencia de Cataluña.

La secesión de España

En su recurso, de 40 páginas, la Abogacía del Estado señala que "nos encontramos ante una nueva actuación de las instituciones catalanas en orden de dar efectividad al plan unilateral de ruptura denominado transición nacional, pero de carácter cualificado, ya que se le atribuye a la resolución el carácter y condición de inicio de un proceso constituyente contrario a los principios, valores y reglas sobre las que se asienta nuestra convivencia como Nación".

"Nos encontramos ante una nueva actuación de las instituciones catalanas en orden de dar efectividad al plan unilateral de ruptura" con España, recoge el recurso de la Abogacía

De la misma forma, el Ejecutivo destaca en su recurso que la Constitución prevé "mecanismos de reforma, de modificación de principios, valores y reglas sobre las que se asienta nuestra convivencia, mecanismos que en el marco de los principios que reconoció el TC en su sentencia 42/2014, permiten dar salida a las diversas inquietudes políticas que en nuestra Nación existen".

En este sentido, los servicios jurídicos del Gobierno señalan que la resolución del Parlamento catalán se impugna en su totalidad porque "debe ser interpretada como un todo, como un conjunto sistemático, ordenado a la secesión de España por medios inconstitucionales y no democráticos".

Previamente a que la Abogacía del Estado presentara su recurso en el TC, el Consejo de Ministros celebró por la mañana una reunión extraordinaria para culminar los trámites para recurrir ante el TC la propuesta independentista catalana, autorizando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que presente ese recurso.

Por otro lado, después de que el Parlamento de Cataluña aprobase el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP la declaración secesionista que pretende avanzar hacia una "república catalana", el Gobierno solicitó de inmediato el informe preceptivo del Consejo de Estado para recurrir al Tribunal Constitucional. El martes, esa institución avaló por unanimidad ese recurso al considerar que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para ello.