España

El Consejo de Transparencia trabaja con la mitad del personal mínimo necesario

El CTBE cuenta ahora con 17 personas, la mitad de las mínimas necesarias, para auditar las 100.000 entidades que le exige la Ley

Javier Amorós, presidente interino del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Javier Amorós, presidente interino del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Consejo General de Transparencia

El organismo encargado de velar por la transparencia de lo público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014, trabaja actualmente con la mitad del personal necesario para cumplir sus funciones, según ha señalado a Vozpópuli su presidente interino, Javier Amorós.

El proyecto de presupuestos del Gobierno presentado la pasada semana disparó aún más las alarmas en un organismo que está "con medios mínimos" al reducir su partida en un 22%. Sin embargo, Amorós asegura que el Gobierno le ha prometido que la cifra 'se corregiría' en el presupuesto final y que la partida se mantendría similar a los 2,92 millones del ejercicio pasado.

Aún así, el presidente interino de la entidad (la presidenta, Esther Arizmendi, falleció en noviembre) no ha dudado en reconocer que el organismo esta incumpliendo buena parte de sus funciones por falta de personal.

El Consejo cuenta ahora con 17 personas encargadas de auditar la transparencia de 20.000 organismos de la Adminstración Pública y otras 80.000 empresas vinculadas a lo público a través de subvenciones o ayudas.

Amorós admite que el Consejo actualmente se ciñe a auditar solo los 20.000 organismos de la Administración Pública y explica que para poder auditar todo el universo de entidades exigido por la Ley de Transparencia precisaría como mínimo duplicar la plantilla. Asimismo, alerta de que el organismo tendrá más funciones aún si prospera la nueva Ley Anticorrupción.

25 pleitos al año

Las acciones del Consejo de Transparencia respecto a los organismos que audita le han abocado a una media de 25 pleitos al año. RTVE, por ejemplo, ha recurrido todas las resoluciones. 

En cuanto a las administraciones, Amorós asegura que el mayor margen de mejora pasa por los municipios. "El 90% de los municipios españoles tiene menos de 10.000 habitantes, apenas tienen recursos para subsistir como para pensar en la transparencia", afirma el presidente interino. 

Según Amorós, el Gobierno central ha cumplido las resoluciones del Consejo "en un 80%" y se ha negado a hacer público el desglose de las campañas de publicidad institucional. 

Sobre la Ley de Transparencia, el dirigente afirma que "es mejorable y debería exigir una mayor agilidad en las peticiones de información" pero "es mejor tener lo que tenemos que no tener nada". En cualquier caso, apunta que el mayor desafío está en que la propia sociedad sea más consciente de la ley y su importancia, desconocida para, aproximadamente, la mitad de los españoles.



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