Publicado: 28/12/2015 19:12
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reavivado este lunes la polémica sobre el plan de pensiones del Congreso, al anunciar en La Moncloa tras su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que los diputados de su formación renunciarían a él. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, le ha acusado poco después de "mentir" porque este plan, ha dicho, no existe desde el año 2012.
Sin embargo, Pablo Iglesias mantiene sus dudas sobre la suspensión del plan de pensiones privado de los diputados. "Si se confirma, que de momento no está claro, que eso no existe para nadie, lo celebramos", ha matizado. Tras estas declaraciones, algunos periodistas le han advertido que las aportaciones a dicho plan de pensiones estaban congeladas desde el año 2012. Sin embargo, Iglesias ha asegurado que los servicios jurídicos con los que cuenta Podemos han hablado con letrados pertenecientes a las Cortes que "parecían señalar" que dicho plan sigue existiendo.
El plan de pensiones privado que ostentaban los parlamentarios está congelado desde el año 2012, cuando se eliminó la aportación que realizaban las Cortes Generales. Sin embargo, los diputados de la pasada legislatura podían hacer aportaciones personales si lo deseaban y los electos el pasado día 20 pueden suscribirlo si quieren, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. El plan privado de pensiones para los parlamentarios se creó en 2006 con una aportación anual de 2,5 millones de euros.
Desde que se tomó esa decisión, los diputados de la pasada legislatura podían seguir haciendo aportaciones personales
Dicho plan se quedó sin aportación pública a finales de enero de 2012, cuando a propuesta de los presidentes de ambas cámaras, Jesús Posada y Pío García-Escudero las Mesas del Congreso y del Senado decidieron suprimir la aportación que las Cámaras realizaban mensualmente al plan de pensiones privado creado para parlamentarios y funcionarios de ambas instituciones. Entonces, el Congreso y el Senado destinaban unos 280 euros mensuales a este plan por cada uno de los parlamentarios, cantidad equivalente al 10 por ciento de su asignación constitucional.
IU, ICV Y UPyD abrieron la polémica en 2012
La decisión de suspender la aportación en 2012 no tenía un plazo definido, sino que quedó vigente hasta nueva orden, y la suspensión se ha mantenido los últimos cuatro años. Dichos fondos de pensiones quedaron suspendidos, pero no cancelados, según han confirmado a Efe fuentes de la Cámara baja, que han explicado que a los diputados se les dio la posibilidad de mantener esos planes con su sueldo si así lo deseaban. El plan incluía un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado 'prestación de supervivencia' que se sustanciaba mediante un pago al llegar a la edad de jubilación.
Los primeros en abrir la polémica fueron los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Unión, Progreso y Democracia tras las elecciones de 2011, cuando anunciaron su intención de renunciar al plan de pensiones privado que la Cámara tenía contratado. Como se trataba de una póliza colectiva, la Mesa del Congreso les pidió entonces que formalizaran esa renuncia por escrito para que dejasen de constar como beneficiarios.
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