Senado versus Congreso: quiere los estatutos y la financiación autonómica

El Senado debe ser el escenario en que se diriman todas las cuestiones que afectan a las Comunidades autónomas, como la reforma de los Estatutos de Autonomía o el modelo de financiación. Y es ahí donde estas cuestiones deben nacer. Con ese espíritu se aborda el enésimo intento de convertir al Palacio de la Marina Española en una auténtica Cámara de representación territorial, expresión que se ha convertido en una especie de mantra pero que nunca se ha materializado. En todas las legislaturas se ha abordado la reforma del Senado, y esta no iba a ser menos. Pero a diferencia de los fallidos intentos anteriores, existe bastante optimismo sobre la posiblidad de llegar a un acuerdo respecto a las funciones de la Cámara, lo que no obligaría a una reforma en profundidad que siempre ha encontrado dificultades.

En este caso, las resistencias podrían venir del Congreso de los Diputados, pues se trataría de arrebatarles, al menos en parte, parte de sus actuales competencias como los ejemplos antes citados, esto es, el debate y la votación en torno a la reforma de los Estatutos de una Comunidad o la negociación sobre el modelo de financiación autonómica. Esa sería una buena base sobre la que avanzar en un nuevo reparto de tareas con un posible un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE. Determinante es, en todo caso, la posición que vaya adoptando el Grupo Catalán, el mismo que, en 1998, cuando más cerca se estuvo de alcanzar un acuerdo, lo dinamitó con su exigencia de reconocer a las Comunidades históricas el derecho de veto.

Es una petición recurrente del nacionalismo catalán, que defiende el derecho de veto sobre aquellas materias que afecten a cuestione identitarias como la lengua o la cultura, pero también, sobre cuestiones competenciales, lo que crearía en el Senado Comunidades de primera y de segunda y obligaría, además, a una reforma constitucional. Por ello, --sin entrar a este tipo de debates que han imposibilitado una y otra vez la reforma--, se podría ir por una vía más sencilla, la de las funciones. 

Lo más cerca que está el Senado de ser una cámara de representación territorial reside en la llamada Comisión General de las Comunidades Autónomas, que tiene entre sus cometidos emitir informes "acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en el Senado" como la dotación, distribución y regulación  del Fondo de Compensación Interterritorial o de armonización de las disposiciones normativas autonómicas. Está integrada por senadores, representantes del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos, aunque fuentes del Senado admiten que "no sirve para nada porque ni el gobierno Central ni las Comunidades quieren comparecer". Otra de las funciones de esta comisión es la de convocar con carácter anual el debate sobre el Estado de las Autonomías, aunque con muy escaso éxito, pues tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero sólo lo celebraron en una ocasión durante sus respectivas dos legislaturas y salieron bastante escaldados.

Queda en el tintero la posiblidad de reducir el número de senadores, tal y como recomendó el Consejo de Estado

Tampoco parece que este Gobierno vaya a convocar la Conferencia de Presidentes, idea de Zapatero, pensada también para que los presidentes autnómicos se vieran una vez al año las caras entre las paredes del Palacio de la Marina Española. Pero incluso, el padre de la idea acabo convocándola tan sólo cuatro veces con unos "barones" populares que la torpedearon bajo el argumento de que el presidente del Gobierno tan sólo buscaba la foto.

Con estos antecedentes no es de extrañar que se considere poco menos que imposible alcanzar un acuerdo para la reforma de la Cámara. Y no digamos ya si entramos en cuestiones que deberían abordarse como el sistema de elección de los senadores y el número de los mismos. Ya el Gobierno de Zapatero encargó al Consejo de Estado un informe sobre la reforma de la Constitución que recogiera cuestiones referidas a la reforma del Senado, a la sucesión a la Corona y hasta a la incorporación del nombre de las Comunidades en la Carta Magna. El órgano consultivo se inclinó por una reducción "sensible" del número de senadores, que acentuara el perfil territorial de la Cámara "en contraste con el que aquellos ya reciben de las opciones políticas" en alusión al Congreso de los Diputados. 

El pasado mes de febrero se constituyó una ponencia en el Senado formada por nueve parlamentarios destinada a estudiar, otra vez, la reforma de la Cámara, por la que pasarán hasta 14 expertos. El presidente del Senado, Pío García Escudero, parece dispuesto a conseguir, esta vez sí, algún avance.