Publicado: 03/08/2013 04:00
El PSOE no dudó este viernes en contrarrestar la última comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado sobre el 'caso Bárcenas' y presentó en el registro del Parlamento la solicitud de convocatoria de una comisión de investigación donde se determine si ha existido una contabilidad B en el PP. Los socialistas, que habían amagado con recurrir a la moción de censura si el jefe del Ejecutivo no respondía a los interrogantes abiertos tras las revelaciones del extesorero popular Luis Bárcenas, no terminan de materializar su amenaza y apuestan ahora por centrar sus esfuerzos en una fórmula de menor repercusión y condenada al fracaso (incluso antes de nacer), debido a la mayoría absoluta del PP.
Desde el PP, afirman que los socialistas “carecen de legitimidad” para pedir un Pleno extraordinario y urgente, cuando el Parlamento andaluz rechazó el pasado julio una sesión monográfica sobre el ‘caso de los ERE fraudulentos’ tras la imputación de 20 altos y ex altos cargos de la Junta
Para celebrar dicha comisión de investigación es necesario que lo apruebe el Congreso reunido en sesión plenaria y es por ello por lo que el PSOE reclamó este viernes, al mismo tiempo, la celebración de un “Pleno extraordinario y urgente” de la Cámara Baja, algo que debe estudiarse en la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Congreso durante los periodos no ordinarios (enero y julio-agosto). La última Diputación tuvo lugar el pasado 24 de julio y de momento no hay fecha para su próxima reunión en este parón vacacional. En tal escenario, fuentes parlamentarias informaron a Vózpopuli de que el presidente del Parlamento, Jesús Posada, tiene intención de convocarla otra vez antes del mes de septiembre (los días que se barajan son el 27 y el 28) Así, hasta su turno de palabra en esa Diputación Permanente de finales de agosto, el PSOE no podrá insistir en sede parlamentaria sobre la necesidad, a su juicio, de abrir una comisión de investigación para el 'caso Bárcenas'.
La idea de Posada pasa por repetir un calendario similar al del verano pasado, y ello pese a las duras críticas que recibió entonces de partidos como PSOE o UPyD por la "sequía parlamentaria" al no convocar antes la Diputación Permanente y eludir debates exigidos por la situación económica. Con todo, este mes de agosto el Congreso no cerrará sus puestos a cal y canto y la actividad parlamentaria (no en Pleno pero sí en comisión) seguirá adelante.
Por ejemplo, los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, comparecerán el próximo 8 de agosto para informar sobre el descarrilamiento del Alvia Madrid-Ferrol del pasado 24 de julio, y al día siguiente lo hará la ministra de Fomento, Ana Pastor, después de que así lo solicitaran a petición propia una vez transcurrieron los tres días de luto oficial y se celebró el funeral por las víctimas del accidente.
Minimizar daños ante la ofensiva socialista
Llegada la hora, los socialistas se encontrarán con la negativa del PP a abrir una comisión de investigación, según avanzó este viernes Vozpópuli. Los populares dan ya por “concluido el ‘estriptease’ parlamentario” de Rajoy sobre su relación con el ex tesorero de Génova y procurarán desvirtuar en lo posible aquellas iniciativas de difícil veto, contrarias a sus intereses, como pueden ser preguntas orales en las sucesivas sesiones de control al Gobierno que acoja la Cámara. Desde el PP, afirman que los socialistas “carecen de legitimidad” para pedir un Pleno extraordinario y urgente que estudie la apertura de una comisión de investigación, cuando el Parlamento andaluz rechazó el pasado julio una sesión monográfica sobre el caso de los ERE fraudulentos tras la imputación por parte de la juez Mercedes Alaya de 20 altos y ex altos cargos de la Junta.
En la rueda de prensa celebrada ayer posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó entre líneas el giro de estrategia del PSOE (de moción de censura a comisión de investigación) y recordó que ya "hay una investigación de naturaleza judicial" abierta por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
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